La ONG advirtió contra la tentación de "olvidar la impunidad del pasado".
el organismo de DD.HH. pidió al Gobierno derogar la Ley de Amnistía.
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| La Corte Penal Internacional tiene sede en La Haya. |
En un comunicado, la ONG afirmó que con esta ratificación "Chile da un gran paso al futuro, pero no salda su deuda con el pasado".
"Aunque la CPI no tiene jurisdicción para investigar o juzgar los crímenes cometidos en Chile durante el periodo de gobierno militar (1973-90), el reconocimiento de su competencia para casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra en el futuro es un paso positivo", subraya Amnistía.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles el Acta de Ratificación del Estatuto de Roma con 79 votos a favor, nueve en contra y una abstención, tras lo cual la Presidenta Michelle Bachelet, deberá promulgar la ley y depositar el instrumento de ratificación ante la secretaría general de las Naciones Unidas.
Amnistía subraya que con la aprobación de la ley que autoriza el reconocimiento de la competencia de esta Corte se "envía una señal clara de rechazo a la impunidad", pero pide que no se olviden de la necesidad de investigar y juzgar las atrocidades del pasado.
Susan Lee, directora de las Américas de AI, afirma en la nota que "el reconocimiento de la competencia de la Corte no debe hacer olvidar que en Chile aún perdura una ley de amnistía para crímenes atroces que el derecho internacional obliga a investigar y a sancionar".
Amnistía señala que "se ha interpretado con frecuencia que la vigencia de la 'ley de amnistía' (Decreto Ley 2191/78) no constituye un obstáculo para la investigación y sanción" de los crímenes cometidos durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet.
No obstante, argumenta esta organización, "la jurisprudencia de los tribunales chilenos ha consagrado en ciertas ocasiones la prescripción de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el marco de un conflicto armado de carácter no internacional".
"Los tribunales también han impuesto en algunas ocasiones sanciones que no concuerdan con la gravedad de los crímenes perpetrados", señala AI.
Lee recalca que "la prescripción de los crímenes de derecho internacional como la tortura, la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales y también de las acciones civiles de reparación viola las obligaciones que el derecho internacional impone a Chile".
AI termina pidiendo al Gobierno de Michelle Bachelet que investigue imparcialmente y castigue las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, que derogue la Ley de Amnistía y que consagre en su legislación la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional y de las acciones de reparación.
