La Cámara debatirá este miércoles el proyecto de Financiamiento de las Fuerzas Armadas.
En total 23 parlamentarios están inscritos para dar su opinión en la Sala.
El ministro de Defensa, Andrés Allamand, espera que el proyecto de Financiamiento de las Fuerzas Armadas, que deroga la actual Ley Reservada del Cobre, logre un "ambiente de consenso" en la Cámara de Diputados.
En total 23 parlamentarios están inscritos para participar este miércoles en el debate del proyecto que contempla el fin del financiamiento a través del 10 por ciento de las ventas del cobre para pasar a un presupuesto plurianual, aprobado por el Congreso, de cuatro años con un piso mínimo del 70 por ciento de lo invertido en armamento durante los últimos años.
Este aspecto es el que genera más reticencia en la Cámara de Diputados, por lo que el ministro de Defensa, Andrés Allamand, llamó a votar de acuerdo al interés del país.
El titular dijo que "en estas materias francamente yo creo que no calzan las órdenes de partidos ni los alineamientos. Cada uno de los parlamentarios vota en conciencia de acuerdo con sus propios puntos de vista".
"A todos ellos he manifestado la disposición del Gobierno de lograr la aprobación de este proyecto tan importante para el país en un ambiente de armonía, en un ambiente de consenso y con el mayor grado de acuerdo posible", afirmó.
Votación dividida
El diputado DC Jorge Burgos comentó que "aquí lo central (del proyecto) está más o menos claro. Yo creo que en general hay suficientes votos de la Concertación para aprobar los acuerdos que alcanzamos en una negociación".
"En el punto donde yo creo que va a haber más discusión y una votación más dividida -ahí hay un riesgo de que no se apruebe- es el inciso tercero del artículo 101 que establece el piso del 70 por ciento en función al gasto realizado en los últimos cuatro, cinco años y que ha sido comunicado por Chile a la Unasur", manifestó.
El proyecto refuerza el rol de la Contraloría para que en caso de anomalías en cualquier adquisición del Ministerio de Defensa, el organismo deba informar a la Cámara de Diputados para establecer las responsabilidades.
