La trasnacional dijo que su derecho de vender se ampara en tratados suscritos entre Chile y Reino Unido.
Acusó al Gobierno de incurrir en "un brutal de abuso de poder contra una empresa extranjera respetuosa del derecho".
A través de un escrito de 23 páginas presentado ayer martes en tribunales, Anglo American expuso sus argumentos en el conflicto que la enfrenta con Codelco por el 49 por ciento de la propiedad de la mina ex Disputada de Las Condes.
Según informa hoy el diario La Tercera, el escrito está firmado por el abogado Cristóbal Eyzaguirre y pide a la Corte de Apelaciones de Santiago rechazar el recurso de protección y la orden de no innovar que había presentado un día antes la estatal.
Además, Anglo lanza duras acusaciones contra Codelco y autoridades de gobierno, amenazando con acciones indemnizatorias tanto en Chile como en el exterior.
Anglo American "hace expresa reserva de sus derechos como inversionista extranjero bajo los tratados internacionales aplicables y especialmente bajo el 'Acuerdo entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones', suscrito en Santiago el 8 de enero de 1996, y que entró en vigor y es ley de la República desde el 21 de abril de 1997, para reclamar por los daños que las conductas de nuestras autoridades y de Codelco le han irrogado y por los daños que la orden de no innovar y el recurso de protección de autos le puedan causar", señala el texto.
Además, hace reserva sobre "las acciones de carácter indemnizatorio que pueda interponer en nuestro país y en otras jurisdicciones".
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| La firma denunció las acciones destinadas a obligarla a vender el 49 por ciento de la ex Disputada a Codelco. (Foto: UPI) |
En el texto, la compañía critica además "la actuación de Codelco y de un grupo de autoridades de Gobierno, quienes han intentado perpetrar un acto brutal de abuso de poder en contra de una empresa extranjera respetuosa del derecho".
Añade que, a fin de amedrentarla y generar presión en la opinión pública, Codelco y algunas autoridades le han imputado a Anglo acciones de "mala fe", "acto hostil" y "agresión a Chile".
Así, "se decidió generar un 'ambiente' de amenaza y temor que disuadiera a mi representada de ejercer sus legítimos derechos contractuales, expresamente reconocidos por Codelco y sus socios", dijo el abogado Cristóbal Eyzaguirre.
En este sentido, "la orden de no innovar solicitada busca materializar uno de los atentados más graves al estado de derecho que ha ocurrido en la historia republicana de nuestro país", argumenta Anglo.
