El canciller Héctor Timerman recalcó que se trata de acciones "ilegítimas".
También se sancionará a quienes les faciliten apoyo logístico y financiero.
El Gobierno argentino anunció este jueves que emprenderá "acciones administrativas, civiles y penales" en tribunales locales e internacionales contra las empresas petroleras que participan en la explotación, a su juicio "ilegítima", de los recursos naturales en la cuenca de las islas Malvinas.
El canciller argentino, Héctor Timerman, aseguró que estas acciones también se llevarán a cabo contra las compañías que brindan apoyo logístico y financiero a las petroleras, con el objetivo de "defender" los recursos naturales del país.
Timerman aseguró en varias oportunidades que las empresas actúan "de manera ilegítima" en el Atlántico sur e insistió en que el Gobierno de Cristina Fernández pretende que todos sus accionistas sepan que "están violando las resoluciones de la ONU", por lo que advirtió que "este Gobierno no va a dejar pasar un solo día sin llevar adelante una acción ante un juzgado local o internacional que nos permita proteger nuestros recursos naturales".
Timerman mostró un mapa con todas las empresas involucradas en el negocio hidrocarburífero, donde destacó que "son más que cinco empresas y están entrelazadas entre sí. Todas ellas dan un descrédito a las resoluciones de la ONU. Al otorgar licencias ilegítimas (para la explotación de hidrocarburos), el Reino Unido coloca en un plano de ilegalidad a todas estas compañías, que deberán asumir sus responsabilidades".
Entre las empresas involucradas mencionó a las petroleras Falkland Oil Gas, Argos, Rockhopper, Desire Petroleum y Borders and Southern y destacó que las plataformas petroleras Ocean Guardian y Leiv Eiriksson trabajan en la zona en cuestión asistidas por "al menos siete empresas" que proveen apoyo logístico.
Para llevar a cabo su estrategia, indicó, el Gobierno conformó un grupo de especialistas jurídicos integrado por funcionario de la Procuración del Tesoro, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación.
