María Luisa Sepúlveda manifestó que la decisión de reabrirla fue parlamentaria y establecida vía ley.
Recordó los criterios para ingresar al listado del informe.
María Luisa Sepúlveda, presidenta de la comisión asesora presidencial de derechos humanos, desestimó que el cambio de gobierno de 11 de marzo afecte al desarrollo del trabajo de la comisión Valech, cuya reapertura se concretó este miércoles.
"Esta comisión se establece por ley y, en ese sentido, no podría nadie determinar que no se termine nuestro trabajo, y los comisionados somos autónomos en la decisión que tomamos. Lo que nosotros tenemos que cuidar es decidir en función de lo que es el mandato, pero no debiera haber problema", indicó.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Sepúlveda recordó que "fue una decisión parlamentaria" la de reabrir ambas comisiones para tener un nuevo período de recalificación de casos, iniciativa que se ligó a la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, promulgada en diciembre.
"Este es un espacio reparatorio, no busca establecer un nuevo relato, eso está hecho: lo que busca es establecer quiénes fueron las víctimas para que esas víctimas el Estado pueda repararlas", indicó, sin descartar que, de presentarse, la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva esté incluida.
La idea es que las personas que no declararon esa vez lo hagan ahora, dijo Sepúlveda, aclarando que los criterios serán los mismos usados en las otras comisiones: "Aquí no hay una ampliación de tipos, de personas y situaciones que otras veces no se hayan realizado".
Las personas que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 estuvieron en prisión por razones políticas, o sufrieron torturas, así como familiares de detenidos desaparecidos, víctimas de ejecuciones políticas y de secuestros y atentados contra la vida cometidos por particulares bajo pretextos políticos, que deben ser acreditados, podrán entregar sus antecedentes.
"Cualquier persona que sienta que su situación cabe dentro de esta definición puede solicitar una entrevista" al teléfono 800 411 400 o en las gobernaciones más cercanas en regiones.
La comisión tiene seis meses para recibir los antecedentes y otros seis para analizar los casos que se presenten.
