Documento recibió 41 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones.
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vigente "presenta un conjunto de fallas o debilidades", apunta.
La Cámara de Diputados aprobó por 41 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones el informe de la Comisión de Derechos Humanos en el cual se corroboraron irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén.
El informe entregado por el diputado Sergio Ojeda (DC), presidente de la instancia, afirma en sus resoluciones que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vigente presenta un conjunto de fallas o debilidades que permiten que megaproyectos como el de Hidroaysén no sean evaluados con la rigurosidad que las eventuales consecuencias de su aprobación o desarrollo implican.
Menciona entre dichas carencias que las instancias de decisión están compuestas solamente por funcionarios de gobierno, no existe un reglamento expreso de inhabilidades y tampoco procedimientos institucionales eficaces y oportunos que tomen en cuenta las opiniones y observaciones de las comunidades afectadas.
En ese marco, el informe sostiene que "el Gobierno anterior como el actual decidieron, a rajatabla, tramitar este proyecto, con intervención directa incluso de los Ministros del Interior, lo cual representa una intromisión indebida, por la presión que representa para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena de decisiones".
El documento añade que "Hidroaysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente repudiables (presión y entrega de prebendas a comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos alcaldes debían opinar acerca del proyecto)".
Más adelante, el informe resalta que "en un acto que sólo puede ser calificado de "fraude a la ley" o engañoso, el titular del proyecto decidió tramitar, de manera separada, el proyecto de generación y el proyecto de transmisión, en circunstancias que, evidentemente, se trata de un solo proyecto, ya que existe interdependencia funcional y física entre ellos, porque la línea de transmisión sólo transportará la electricidad de Hidroaysén y la generación de ésta, sólo puede ser conducida por dicha línea".
"El conjunto de funcionarios, especialmente aquellos que ostentan cargos de jefatura, a nivel local, regional o nacional, que participaron de actos que contravienen las normas, como ha quedado demostrado en el curso de esta investigación, deben ser reportados a la Contraloría de modo que el organismo contralor determine las responsabilidades funcionarias, estableciendo, a futuro, una normativa que inhiba estas conductas", establece el documento.
