Esto luego que el órgano persecutor desestimara tomar declaraciones como imputada a la ex presidenta Michelle Bachelet.
Esto demostraría "falta de imparcialidad" de la fiscal ante la investigación.
El Abogado querellante en el Caso Tsunami, Raúl Meza Rodríguez, informó que este próximo lunes solicitará al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, la inhabilitación de la Fiscal Regional, Solange Huerta, por las afirmaciones vertidas en entrevista este sábado al diario El Mercurio donde rechazó una posible participación en el juicio como imputada de la ex presidenta Michelle Bachelet.
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| El abogado querellante, Raúl Meza Rodríguez. (Foto: UPI) |
La fiscal Huerta dijo que "no le puedo tomar declaración como imputada a una persona que, desde lo jurídico, nunca va a tener esa calidad dentro del proceso".
A juicio del querellante, "hacer tan categórica y absoluta afirmación sobre la falta de responsabilidad penal de la Sra. Bachelet Jeria, anticipa equívocamente juicios de carácter penal respecto de personas que intervienen directamente en los hechos que se investigan", declaró a través de un comunicado difundido este sábado.
Para el abogado Meza, "resulta procesalmente improcedente manifestar una opinión jurídico penal que exima en forma anticipada la responsabilidad penal de alguno de los intervinientes en esta causa".
Estas declaraciones manifiestan para la defensa "falta de imparcialidad" del órgano persecutor penal y por ende su respectiva inhabilitación a seguir conociendo los hechos e ilícitos penales que se están investigando.
Además de la presentación ante el Fiscal Nacional, el querellante informó que solicitará al 7° Juzgado de Garantía que se pronuncie sobre los hechos denunciados y que incluyen "la negación permanente y sistemática en 6 oportunidades por parte de la Fiscal Huerta para que la Ex Presidenta Michelle Bachelet declare en la calidad de imputado en la causa y sea sometida a interrogatorio por parte del querellante".
El abogado Meza explicó que de estimar el Tribunal de Garantía que efectivamente se están afectando las garantías judiciales y constitucionales de las victimas, se podría decretar el sobreseimiento temporal de la causa hasta que no se garantice debidamente la imparcialidad del órgano persecutor penal y los derechos de las victimas.
