Contraloría detectó ineficiencias en manejo de donaciones tras el 27-F
Ente regulador inició procesos disciplinarios contra tres ministerios y otros funcionarios.
Indaga responsabilidades por infracción a la ley de la Administración Pública.
Ente regulador inició procesos disciplinarios contra tres ministerios y otros funcionarios.
Indaga responsabilidades por infracción a la ley de la Administración Pública.
La Contraloría inició procesos disciplinarios contra los ministerios del Interior, de Telecomunicaciones y de la Secretaria General de la Presidencia, además de otros ocho altos funcionarios de distintas reparticiones, luego que la entidad detectara inoperancia en el manejo de las donaciones para el 27F.
El ente regulador indaga responsabilidades por infracción a la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone, entre otros, el principio de celeridad.
Entre los casos citados por el organismo se encuentra que la empresa japonesa Tadano puso a disposición del gobierno tres vehículos con grúas para colaborar en los trabajos de demolición y reconstrucción, los cuales fueron recibidos el 2 de junio de 2010, pero por problemas burocráticos los vehículos pasaron 14 meses estacionados.
En agosto de 2010 fueron traspasados a las municipalidades de Talca, Talcahuano y Rancagua, donde tampoco fueron usados, esta vez por otra clase de ineficiencias, como que en la capital de la VI Región no se renovaron los seguros o como en el puerto, donde no hubo operadores calificados, a pesar de reiteradas peticiones a la Onemi para que se hiciera capacitación, publica La Segunda.
Por otra parte, la empresa Samsung donó 500.000 doláres para "financiar la compra de equipamiento de una red de telecomunicaciones para un sistema regional de alerta temprana en la Región del Biobío".
El 24 de agosto de 2010 un asesor de Telecomunicaciones envió un correo electrónico a la dirección regional de la Onemi pidiendo preparar las bases de licitación. Recién en 10 de noviembre 2011 estuvieron listas y por fin este año se adjudicó el proyecto a la empresa Gallyas. En las últimas semanas de marzo Contraloría tomó razón, es decir, dio el visto bueno para que se inicien los trabajos.