A fines de enero, el TDLC condenó a Salcobrand y Cruz Verde a pagar 19 millones de dólares.
Dos ministros se excusaron por haber resuelto sobre el acuerdo de la FNE con FASA que permitió destapar el escándalo.
La Corte Suprema pospuso su análisis de la condena que a fines de enero decretó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de Farmacias Cruz Verde y Salcobrand por cerca de 19 millones de dólares para cada una (20 mil Unidades de Fomento) por la colusión en al menos 206 medicamentos diciembre de 2007 y marzo de 2008.
 |
| Los abogados de las empresas coludidas deberán pronunciarse sobre la presencia de los jueces. (Foto: UPI) |
El pronunciamiento se había anunciado para la presente jornada, sin embargo, dos ministros de la Sala Constitucional del máximo tribunal -su presidente, Héctor Carreño, y Sonia Araneda- se excusaron voluntariamente al señalar a las partes que ellos ya se habían manifestado sobre el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica y Farmacias Ahumada mediante el cual ésta reconoció la colusión y acusó a Cruz Verde y Salcobrand.
Este acuerdo decretó el pago de un millón de dólares y compensación a los clientes por parte de FASA bajo el mecanismo de la delación compensada, y fue lo que permitió destapar el caso y obtener pruebas contra las cadenas.
Como la Corte Suprema, con la participación de los jueces Carreño y Araneda, visó el acuerdo, se decidió dar un plazo a los abogados Juan Ignacio Gana, de Cruz Verde, y Felipe Vial, de Salcobrand, para que expresen si tienen inconveniente de que ambos ministros integren el tribunal para revisar el caso y las millonarias multas impuestas.
La acción precavida de los jueces se da tras la polémica generada por la votación a favor de HidroAysén por parte del ministro de la Sala Constitucional Pedro Pierry, quien tiene más de 100 mil acciones en Endesa, una de las impulsoras del proyecto.
