Abogados interpusieron recurso de casación contra fallo del tribunal de alzada.
Afectados esperan sumar el delito de estafa para incrementar las condenas.
Los deudores de Eurolatina pidieron a la Corte Suprema aumentar a 10 años las penas de cárcel para los dueños de la financiera informal, condenados a cinco años de prisión tras el fallo de la sexta sala de la Corte de Apelaciones.
Junto a sus abogados, cerca de 50 personas que perdieron sus viviendas por préstamos impagos contraídos con Eurolatina interpusieron un recurso de casación contra el fallo del tribunal del alzada que condenó a los hermanos Pedro y Marco Elgueta y su asesor, el abogado Cristián Cisternas, a cinco años y un día de presidio por el delito de usura en los casos de 228 personas que solicitaron préstamos y sus viviendas fueron rematadas.
El dictamen obliga a los imputados a devolver los cobros por gastos operacionales a los deudores con sus respectivos intereses, aunque la vocera de los deudores, María Huaquipán, se mostró todavía disconforme con la justicia.
"Por supuesto que espero que se amplíe a estafa y además las penas deberían ser más grandes, 10 años para cada uno, porque aquí ha muerto mucha gente en la desolación total, abandonada en la calle y el Estado de Chile tiene mucha culpa de haber permitido que estos prestamistas y usureros operen en plena libertad", señaló.
La vocera recalcó que los dueños de la financiera informal "siguen operando a través de Los Queñes y a través de Hippo, a través de sus cónyuges".
Manuel Ibarra, uno de los abogados del grupo, explicó que pretenden que la Corte Suprema sume el delito de estafa para aumentar las penas a 10 años en contra de los hermanos Elgueta y del abogado Cisternas.
