Por 97 votos a favor fue aprobado en la Cámara de Diputados, en último trámite constitucional, el proyecto de ley que apunta a terminar con los abusos en Dicom y que llegó a sumar un millón de firmas de apoyo entre la ciudadanía.
El proyecto incluye el "Perdonazo Bicentenario", que implica la eliminación de los registros del Dicom de aquellas personas que mantengan deudas publicadas hasta el 31 de diciembre del 2011 y que sean inferiores a 2.500.000.
El gestor de la propuesta, el diputado PPD Felipe Harboe, se mostró feliz de esta decisión y comentó que "lo que hicimos fue una presión muy fuerte tanto al Gobierno como al presidente de la Cámara para manifestar que no era aceptable que la Cámara iniciara el receso legislativo sin haber aprobado una ley tan importante para cerca de cuatro millones de chilenos".
Añadió estar "muy contento que una idea, un proyecto, se haya transformado en ley. Esto es un tremendo logro, sobre todo de la gente que confío en esto, que parecía imposible, pero que se transformó en realidad".
Con esto, las empresas tendrán la obligación de eliminar de sus registros las deudas que hayan caducado o hayan sido canceladas, con 72 horas como plazo máximo.
La nueva ley incluirá además, normas que permitirán a los propios consumidores fiscalizar los sistemas de su información comercial, por lo que cada cuatro meses, dentro del último año, podrán acceder al registro de forma gratuita para saber cuantas veces han sido consultados sus antecedentes, por quienes y para qué motivos.
Sin discriminación
La nueva normativa prohíbe a los centros educacionales -desde el nivel preescolar al superior- y a los hospitales y centros asistenciales solicitar los documentos comerciales, además se precisa que los antecedentes comerciales no pueden ser utilizados para discriminar en el proceso de selección de personal.
La diputada RN Karla Rubilar sostuvo que la aprobación es "una tremenda noticia para cuatro millones de chilenos que hoy están en Dicom, donde más de un millón 200 mil se han visto discriminados en los trabajos por este tema".
Añadió que "este proyecto viene a hacer justicia para que, de una vez por toda, su información no se use para otros fines que no sea para el que estuvo pensad, que es el riesgo crediticio", aunque recalcó que "eso no significa que no deban. Es solamente borrarlos de los registros para permitirles una segunda oportunidad, pero ellos siguen teniendo una deuda que tienen que pagar".
Así, en estos casos se borrarán los antecedentes, aunque no la deuda; además no se podrá consultar datos para atenciones médicas o contrataciones, en el sector público como en el privado.
También queda prohibido expresamente la publicación de registros comerciales de deudas repactadas, renovadas o que cuentan con convenio de pago.