El ex subsecretario de Pinochet remitió a la CNI datos de disidentes y miembros de la Vicaría de la Solidaridad.
Así consta en una investigación de los periodistas Mauricio Weibel y Carlos Dorat.
El actual jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Alberto Cardemil, estuvo a cargo de distribuir los análisis y fichas que la CNI (Central Nacional de Informaciones), la policía secreta de la dictadura, hizo de los opositores al régimen.
Así lo revela una serie de documentos secretos a los que tuvieron acceso los periodistas Mauricio Weibel y Carlos Dorat de la agencia DPA, que son detallados en el libro "Asociación Ilícita, los archivos secretos de la dictadura", que será lanzado el próximo 5 de octubre en el Museo de la Memoria.
Los archivos muestran que Cardemil manejó antecedentes políticos, sociales y privados de religiosos, extranjeros, víctimas de la represión y abogados de derechos humanos.
"Adjunto me permito acompañar para la consideración de US. memorándum de CNI sobre actividades programadas por exiliados chilenos", señala, por ejemplo, el oficio secreto 7042 fechado el 24 de octubre de 1984 y suscrito por Cardemil, destinado a la Cancillería.
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| Alberto Cardemil, actual jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, dice no recordar los hechos que se le imputan. (Foto: UPI) |
"Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntar carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaria de la Solidaridad", dice otro oficio secreto, de número 1953 y también dirigido a Cancillería, firmado por Cardemil, quien fue subsecretario del Interior entre 1984 y 1988.
La operación apoyada por Cardemil, que buscaba imputar una infiltración marxista en ese órgano eclesial, fue impulsada menos de un mes después de que tres profesionales comunistas fueran degollados por Carabineros. Una de las víctima del crimen, ocurrido el 30 de marzo de ese año, fue justamente José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaria de la Solidaridad.
Los otros fueron el profesor Manuel Guerrero y el publicista Santiago Nattino, quienes investigaban en esos momentos la acción del Comando Conjunto, equipo represivo integrado por miembros de todas las Fuerzas Armadas y de Orden.
"Cardemil continuó pendiente del caso por un largo tiempo. El 14 de marzo de 1986 remitió a Cancillería el Oficio Secreto 962, timbrado como URGENTE", señala de hecho el libro de los periodistas Weibel y Dorat.
En dicho oficio, Cardemil entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe de Carabineros sobre la detención en una protesta del 11 de marzo de 1986 de Santiago Esteban Nattino Reyes, hijo del publicista homónimo asesinado a menos de un año atrás.
Coincidentemente, Manuel Guerrero Antequera, hijo de otro de los degollados, debió abandonar el país por ataques y seguimientos reiterados cuando era dirigente estudiantil.
El Gobierno de Sebastián Piñera entregó recientemente beneficios carcelarios a algunos de los responsables de este crimen, el coronel (r) Guillermo González y el sargento (r) José Fuentes, condenados inicialmente a cadena perpetua.
Meses después de la acción contra la Vicaria de la Solidaridad, en 1986, Cardemil envió a Cancillería las fichas de los sacerdotes franceses Pierre Dubois, Jaime Lancelot y Daniel Caruette, con motivo de su expulsión de Chile.
La medida formó parte de una serie de expulsiones del país de religiosos extranjeros que el régimen de Pinochet consideró que realizaban acciones contrarias a sus intereses.
Las expulsiones -que fueron reiteradas a lo largo de los años- coincidieron con un esfuerzo del Vaticano, liderado por el papa Juan Pablo II, por remover de la Iglesia católica chilena a los sectores más progresistas, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez, quien compitió con Karol Wojtyła por el papado.
Según develan "miles de archivos secretos revisados" -afirman los autores de la investigación- la información de la que disponía Cardemil era obtenida a través del trabajo de espionaje e infiltración ejecutado por las propias embajadas chilenas, además de los agentes de la CNI destinados al exterior.
Al ser consultado por estos hechos, el diputado dice hoy no recordarlos. Tampoco accedió a revelar si retuvo copias de las fichas de los opositores a la dictadura y si esa información, obtenida a veces bajo tortura, la utilizó en democracia.
El Gobierno de Sebastián Piñera, estando en conocimiento de los hechos, "tampoco ha emitido hasta ahora una condena al actuar del diputado, otrora estrecho asesor del general Pinochet, fallecido el 10 de diciembre de 2006, el día de los Derechos Humanos", indican los periodistas Mauricio Weibel y Carlos Dorat.
