Alejandro Urzúa dijo que Santiago está preparado frente a problemas en el país vecino.
En GPS estimó que empresas como Cencosud y Falabella podrían verse perjudicadas.
Alejandro Urzúa, economista de la Escuela de Negocios IEDE de la Universidad Andrés Bello, manifestó en GPS que Chile debe ver con qué seriedad Argentina cumplirá los tratados en desarrollo, luego que decidiera expropiar YPF.
El experto sostuvo que "a nosotros (Chile) nos va a afectar en una menor medida, pero hay que ver también con qué seriedad van a cumplir los tratados que se están desarrollando".
"Se hace difícil generar relaciones basadas en torno a las confianzas y cuando la credibilidad de la reputación política de un país que está entrando en tela de juicio", acotó.
Urzúa afirmó que Chile está "bastante más preparado" en caso de que Argentina se debilite económicamente, aunque "cuando el vecino de al lado igual tiene problemas, de alguna manera directa e indirectamente nos afecta".
El economista planteó que "podrían hipotéticamente tener problemas la avaluación de las acciones de las empresas que tienen presencia allá como Cencosud, Luchetti y este tipo de empresas que están presentes en el mercado con mayor fuerza como Falabella".
De todas formas, agregó el experto, "no lo veo como un tema que sea de largo aliento. Creo que son más bien accidentes porque la credibilidad de Chile yo creo que está blindada con respecto a lo que puedan hacer los vecinos".
En cuanto al nexo de ENAP Sipetrol con YPF en Argentina "sin lugar a duda eso le afecta" a la empresa estatal chilena, manifestó Urzúa.
"Creo que (Argentina) se está haciendo un flaco favor primero en relaciones internacionales, y en términos económicos. Hoy día se está quedando sola, hay una presión bastante importante en cuanto a cómo va a funcionar a futuro la compañía", sostuvo.
Apoyo desde el gremio argentino
Fabio Casarín, presidente de la Asociación de Profesionales de las Industrias del Petróleo y de la Minería de Argentina, comentó a GPS que "era necesario un cambio en la política energética" del país porque "la situación actual ya no daba para más en cuanto a lo que eran caídas de reserva, falta de inversiones, caída de desarrollo de pozos exploratorios".
"Nosotros vemos con buenos en ojos en principio que el Estado se haya decidido hacerse cargo de este tema", afirmó Casarín.
El dirigente calculó que el precio de esta operación será de 6.000 millones de dólares, "porque lo normal de este tipo de negocios es que no se termina pagando ese 100 por ciento del valor accionario" que hoy está avaluado en 8.000 millones de dólares por el 51 por ciento.
