Trabajadores del sindicato denunciaron ya en 2007 a la minera San Esteban.
El último accidente se produjo en julio de este año.
La minera San Esteban, propietaria de la mina "San José", donde este jueves se produjo un accidente que mantiene a 34 mineros atrapados, enfrentó reiteradas denuncias por las precarias condiciones de seguridad de sus trabajadores.
En 2007, los trabajadores de la empresa, en conjunto con sindicatos de otras empresas que prestaban servicios a la minera, presentaron una denuncia ante la Corte de Apelaciones y al Sernageomin por la muerte de tres mineros en las obras de la citada mina y también en el yacimiento "San Antonio".
Por ello, en esa época los trabajadores pidieron el cierre de la mina, lo que no había ocurrido hasta el momento.
Además, en julio de este año, un trabajador identificado como Yino Cortés sufrió un grave accidente donde perdió una de sus piernas, pues mientras se desplazaba a almorzar un planchón le cayó encima.
El hombre de 40 años se desempeñaba como fortificador, labor que busca justamente evitar el desprendimiento de planchones al interior mina.
Avenimientos y demandas
En 2004, la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección interpuesto por el sindicato en contra de la empresa y Sernageomin a raíz del fallecimiento del trabajador Pedro González Rojas, tras un desprendimiento de roca en la mina San José, la misma del accidente del jueves.
Cuatro años después, la Justicia rechazó un recurso de protección interpuesto por la empresa en contra de una resolución de la Inspección del Trabajo a favor del trabajador Javier Castillo Julio.
En los últimos meses, Minera San Esteban llegó además a acuerdos con los trabajadores Jorge Fuentes Fuentes (febrero de 2009), Rodrigo Brito (octubre), el propio sindicato de la empresa (noviembre) y Vincenot Tobar Muñoz, este último en enero de 2010 con el pago al trabajador de 10 millones de pesos.
También este año, el Segundo Juzgado de Letras de Santiago falló a favor de Ana Raquel Peñaloza, a quien se le canceló cerca de ocho millones de pesos después de constatar que la empresa "incurrió en incumplimientos graves" de su contrato, fallo ratificado en junio por la Corte de Apelaciones.
