La Corte de Apelaciones endureció el jueves las medidas cautelares para Ana María Rivas.
La decisión fue celebrada por los padres de las víctimas, que trataron de agredirla durante el traslado.
En medio de gritos y forcejeos se concretó el traslado a prisión de la parvularia Ana María Rivas Gutiérrez, de 42 años, imputada por el delito de abuso sexual contra menores de edad, alumnas del Liceo mater Purrisima de Maipú, en el que se desempeñaba.
El 23 de agosto Rivas había sido formalizada quedando con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercamiento a las víctimas. Su defensa solicitó dejar sin efecto estas medidas, pero la Corte de Apelaciones desechó dicha petición y, más aun, acogirton un recurso interpuesto por los querellantes, con lo cual se resolvió ayer su traslado al anexo femenino de la Cárcel de San Miguel.
Personal de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales llegó anoche al domicilio de la mujer, donde se habían reunido padres de las víctimas con pancartas, a la espera de su traslado. La mujer fue sacada de su casa y subida a un vehículo policial en medio de gritos, insultos e intentos de agresión.
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| Junto con Rivas, una auxiliar, María Soledad Martínez, está acusada de abuso sexual a menores y presa. |
En definitiva, Rivas está ya en prisión acusada de tres casos de abuso; misma medida cautelar que cumple, desde el lunes de la semana pasada, una segunda imputada, la auxiliar María Soledad Martínez.
"La Corte tomó en cuenta todo lo que nuestras hijas están diciendo, ni siquiera nosotros. Ahora yo creo que se ha hecho una parte de la justicia. Por lo menos están detenidas y ya tenemos mucho menos miedo de que sigan haciendo esto a otros niños", dijo Claudia Canales, madre de una de las víctimas.
Prácticas reiteradasEn tanto, el fiscal de Maipú Tufit Bufadel dijo que se está trabajando en la investigación para acusar de un cuarto caso a Rivas; donde ésta tendría "participación directa en delitos con respecto a una menor en particular".
"Esperamos que los informes nos acrediten si podemos seguir sumando más casos. Lo que podemos establecer es que hay una reiteración de estas conductas abusivas, que se lesionaron bienes jurídicos de relevancia máxima para el Poder Legislativo y para el Ministerio Público, como son la integridad sexual de menores de edad", indicó el fiscal.
