El director del Servicio de Salyud del Maule revisará los pasos a seguir.
El estatuto administrativo contempla censura, multa, suspensión o destitución.
El Departamento Jurídico del Servicio de Salud del Maule remitió al director regional de organismo, Jorge Toro, el expediente con las recomendaciones de sanciones administrativas a las personas involucradas en el cambio de guaguas ocurridas en el Hospital Regional de Talca en septiembre de 2005.
El abogado Guillermo Warnken explicó el procedimiento para llevar adelante el proceso.
"Se elabora una resolución y se notifica a cada una de las personas afectadas en este proceso. Una vez notificadas estas personas tienen cinco días hábiles para interponer un recurso de reposición que debe ser conocido por el director del Servicio (de Salud)", afirmó.
El emblemático caso se encuentra registrado en seis tomos y ha sido visto por cinco fiscales. El último de ellos será el encargado de plantear las sanciones, que deben ser revisadas por el Director del Servicio de Salud del Maule.
"El último fiscal realizó sus diligencias tendientes a aclarar los hechos y llega a una conclusión que se traduce en un dictamen que propone las sanciones de acuerdo a lo que él pudo averiguar. Los fiscales en estas instancias son independientes y autónomos y la autoridad no puede ni siquiera sugerir una línea de investigación", sostuvo Warnken.
Según el estatuto administrativo, las instancias que se pueden aplicar son censura, multa, suspensión o destitución. La última funcionaria destituida de su cargo fue la enfermera Celia Valderama, acusada por una inyección de aire a un paciente.
El mismo caso es investigado de forma paralela por la Fiscalía de Talca, cuya investigación no ha concluido aunque ya han sido formalizados el director del Servicio de Ginecología del hospital, Juan Enrique Leiva, la entonces matrona jefa, Patricia Quiñones, y la auxiliar paramédico Ana Méndez.
