La acusación hecha este jueves por el organismo refleja una "investigación de más de un año", dijo Felipe Irarrázabal.
Aseguró que hay "miles de e-mails" que acreditan el delito contra la libre competencia.
El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, aseguró a Cooperativa que la institución que él encabeza, que vela por el respeto de la libre competencia en Chile, tiene pruebas que la llevaron a la "convicción" de que las principales empresas productoras de carne de ave han operado coludidas durante al menos una década, denuncia que se hizo pública este jueves.
El requerimiento emanado desde la Fiscalía Nacional Económica contras las compañías Agrícola Agrosuper S.A., Empresas Ariztía S.A. y Agrícola Don Pollo Limitada, además del gremio de la Asociación de Productores Avícolas de Chile AG (APA), "surge de una investigación que ya lleva más de un año", explicó Irarrázabal.
En el marco de las indagatorias "se pudo proceder a un allanamiento a algunas de las (empresas) requeridas, y en ese allanamiento, que se realizó en enero de 2011, se obtuvo valiosa información", apuntó el fiscal.
Esta información se trata, "en esencia, (de) miles de e-mails que -junto con declaraciones adicionales y también oficios a autoridades y visitas a plantas- han permitido a esta Fiscalía hacerse la convicción de que aquí estamos frente a un cartel, y ese cartel tiene que ser sancionado con el máximo rigor de la ley", subrayó la autoridad.
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| "El cartel tiene que ser sancionado con el máximo rigor de la ley", opinó Irarrázabal. (Foto: UPI) |
"Los carteles son - como una Corte Suprema extranjera muy bien explicó- la maldición suprema del derecho a la libre competencia, de manera que nosotros tenemos una especial fijación y preocupación por los carteles en Chile; especialmente cuando los carteles tratan sobre productos esenciales, y en este caso se trata de un producto esencial", agregó Irarrázabal.
El fiscal resaltó que "el pollo es el principal producto de (consumo de) carne del país, y esto en parte se explica porque es la carne más barata. De hecho, en los quintiles más pobres existe un gasto en pollo incluso mayor que en los otros quintiles", añadió
En su denuncia, la FNE pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que impusiera multas equivalentes a 27 millones de dólares a cada una de las empresas involucradas y 18 millones de dólares a la Asociación de Productores Avícolas, gremio del cual pidió la disolución.
A través de un comunicado, la APA aseguró "que no ha participado en los actos denunciados por la FNE", y expresó que su "interés es colaborar en todo lo necesario para que esta situación se aclare".
