Además, se pide que un séptimo imputado sea extraditado desde EE.UU.
España aseguró ser competente para la investigación porque en Chile "no ha sido efectiva".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió el procesamiento de siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.
El fiscal Carlos Bautista solicita también al juez Pablo Ruz que se dicten contra ellos órdenes de detención internacional, además de pedir a Chile la extradición de seis de los imputados y a Estados Unidos la del séptimo.
Según el fiscal, que califica los hechos como constitutivos de un delito de genocidio, asesinato y otro de detención ilegal, la jurisdicción española es competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva".
Bautista pide el procesamiento del ex director delegado de la DINA, Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda, al considerar que fue quien ordenó "de forma directa" al jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres, el secuestro y asesinato de Soria.
El resto de peticiones se refieren a los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, al teniente René Patricio Quiloth Palma y al sargento José Remigio Ríos Sanmartín, todos ellos miembros de esa brigada.
El jefe de la agrupación Quetropillán de la DINA, Michael Vernon Townley Welch, es el séptimo reclamado, ya que, según el fiscal, cedió la casa en la que fue torturado y asesinado el diplomático español porque funcionaba como centro clandestino de interrogatorios.
La postura de la fiscalía española
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron el 14 de julio de 1976, cuando Soria, que trabajaba para la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, regresaba a su casa en su coche y Ríos Sanmartín y Lepe Orellana -vestidos de carabineros- "pretextaron una infracción de tráfico", lo detuvieron y se lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley.
"Soria fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas, en las cuales le fracturaron todas las costillas (...) a fin de que les dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y cuál era su misión en el país, y ya con la idea de asesinarle y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron (...) media botella de pisco", detalla el escrito.
El interrogatorio fue dirigido por el capitán Lepe Orellana y en el participaron el capitán Juan Delmas (ya fallecido), Belmar, Quiloth, Ríos y Salinas, que fue el autor del "estrangulamiento manual" del diplomático español.
Para encubrir el asesinato, llevaron el vehículo de Soria y su cadáver hasta el Canal del Carmen y allí hicieron que se precipitara al vacío y tiraron el cuerpo al canal, que fue encontrado el día 16 con una nota -"simulada por sus captores"- en la que un supuesto amigo le contaba presuntas infidelidades de su esposa.
El relato del fiscal sostiene que este asesinato se produjo dentro del "proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar emprendido por la dictadura chilena", en la que la DINA sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y más tarde, exclusivamente, ante el dictador fallecido Augusto Pinochet.
Bautista recuerda que este procedimiento fue archivado en Chile en 1996 por aplicación de la ley de amnistía, que, a su juicio, es un "acto material de autoamnistía" de la dictadura militar que "se camufló bajo la apariencia de norma jurídica, no obedeciendo a decisión alguna de un parlamento democrático en el ejercicio de la soberanía del país".
"No fue una reivindicación considerada necesaria e indispensable para desmontar el entramado del régimen militar, sino una garantía de futuro autoconcedida por el régimen. No tuvo un sentido de reconciliación, sino de imposición", señala el escrito.
El fiscal sostiene asimismo que el proceso fue cerrado en Chile por una amnistía que "no resulta aplicable en nuestro ordenamiento, a diferencia de lo que sucede con la Ley (de Amnistía) española", y recalca que supone un "obstáculo que hace imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos".
Este procedimiento surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra 15 ex militares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el juez Baltasar Garzón admitió a trámite en 2001.
