Se busca determinar si se pagó una millonaria indemnización para frenar una demanda.
Ministra Matte, quien visó la acción, sostuvo que la entrega de recursos no se hizo efectiva.
La Fiscalía Centro Norte incautó desde el Ministerio de la Vivienda el computador perteneciente al director del Serviu Metropolitano, Antonio Llompart, en el marco de la investigación por el caso Kodama.
Di
cha causa busca determinar si el Minvu, tras una orden de la ministra Magdalena Matte, hizo efectivo el pago de una indemnización por 17 mil millones de pesos a la empresa involucrada, luego de los problemas técnicos presentados en la construcción de un corredor del Transantiago, y así evitar una demanda.
En vista de la situación, Matte sostuvo que el pago no se hizo efectivo y se mostró tranquila por las diligencias desarrolladas por la PDI.
"Quiero la máxima transparencia, como he actuado desde que asumí este gabinete y no voy a transar ni un segundo. La tranquilidad total es que no se ha pagado un peso, el pago está detenido", expresó.
Matte también confirmó la salida del abogado de su gabinete Alvaro Baeza, quien es sindicado como la persona que la asesoró para aceptar el pago de la indemnización.
"Alvaro Baeza es abogado del gabinete, no tuvo participación en los hechos, pero se alejó por razones de transparencia ya que lo han inculpado algunos medios. El renunció y le pedimos que congelara, pero renunció ¿La pregunta es si renunció? Si, renunció", apuntó.
El 15 de diciembre del año pasado Kodama demandó al Serviu por 41.500 millones de pesos, la misma cantidad de gastos extras en que incurrieron al construir el corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago, proyecto que se adjudicó la empresa a través de una licitación.
Por problemas técnicos, la empresa Kodama incurrió en mayores gastos de lo presupuestado, lo que los llevó a recurrir a la justicia civil.
Un día antes que se realizara un comparendo de advenimiento ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, la ministra Matte firmó un decreto que sellaba el acuerdo en que Kodama se desistía de acciones legales previo pago de 17 mil millones de pesos por parte del Fisco.
