"La represión lo único que genera es ingobernabilidad", dijo el senador PPD.
Ricardo Lagos Weber llamó a no usar "el miedo y la represión" como arma de negociación.
Numerosas críticas ha acarreado al Gobierno su decisión de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los "líderes de la violencia" en la Región de Aysén tras los graves incidentes que sucedieron, por cerca de 20 horas, a la suspensión del diálogo entre el movimiento y los negociadores del Ejecutivo, la noche del miércoles, y que incluyeron la quema de un bus de Fuerzas Especiales y de un carro lanzaguas.
El presidente del Senado, el PPD Guido Girardi, sostuvo que "la Ley de Seguridad del Estado es un anacronismo y es un vestigio dictatorial; una herencia del autoritarismo más rancio y más arcaico", por cuanto su uso "denota incapacidad, falta de visión y entendimiento de los procesos sociales que se están viviendo".
"Lamento mucho que estemos en una lógica dictatorial; lamento mucho que el orden público, que la paz social este Gobierno sólo la logre o intente lograr a través de la represión más brutal", que "lo único que genera es ingobernabilidad".
Girardi llamó en este sentido al Presidente Sebastián Piñera a "no dejarse arrastrar y llevar a Chile a una confrontación social, a una situación de represión que es inaceptable y que va a generar a futuro más frustración y más violencia social".
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| Girardi llamó a Piñera a "no llevar al país hacia la confrontación social". (Foto: UPI) |
En un sentido similar se manifestó el también senador PPD Ricardo Lagos Weber, para quien la presentación de querellas por Ley de Seguridad -que están anunciadas para esta tarde- "es una muestra de la fragilidad de este Gobierno, que es incapaz de dialogar con la ciudadanía, empatizar con sus demandas y entregar soluciones concretas y efectivas".
"Aspiro a que el Gobierno de Chile no use el miedo y la represión como sus principales herramientas de negociación, sino que el respeto y la comprensión para llegar cuanto antes a acuerdos", concluyó el legislador.
Ha trascendido que desde el movimiento social ya se iniciaron contactos con abogados de derechos humanos ante la eventualidad de que alguno de sus dirigentes pueda ser responsabilizado por el Gobierno por lo ocurrido.
