Ministro Ribera consideró "peligroso" que se deje en "la indefensión a la ciudadanía".
Aclaró que no quieren ni jueces "autoritarios ni ultragarantistas".
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, anunció este viernes que el Gobierno considerará los fallos de los jueces de garantía -entre otros ítems, que incluyen su "moralidad pública y privada"- antes de decidir su promoción; luego que el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuestionara el carácter "garantista" de los magistrados ante los detenidos por desórdenes públicos.
Durante una actividad del Sename en la comuna de San Joaquín, Ribera dijo que el Gobierno ya está "cansado" de que los responsables de esos delitos queden en libertad tan fácilmente, y si bien no se busca tener jueces "autoritarios", tampoco se avalará la labor de los "ultragarantistas".
"Si los estándares exigidos por algunos magistrados exceden lo prudente y lo racional y, en definitiva, dejan en la indefensión a la ciudadanía, es tan peligroso como aquellos jueces que sólo promocionan el interés colectivo y dejan en indefensión a los imputados", consideró el secretario de Estado.
Ribera explicó que él, como ministro, y el Presidente de la República, que firman los ascensos a ministros de las Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, analizarán tanto el currículum como los fallos de los magistrados.
"Por lo menos el Ministerio de Justicia, cuando le corresponde participar en el nombramiento de ministros de la Corte de Apelaciones y participar en la proposición que el Presidente de la República hace a la Corte Suprema, obviamente que revisa la jurisprudencia, los criterios de juez, su moralidad pública y privada y los informes que ha hecho sobre ellos las propias Corte Suprema y Corte de Apelaciones", agregó.
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| El Ejecutivo está "cansado" de que los autores de desmanes queden libres con facilidad. (Foto: UPI) |
Magistrados rechazaron posibilidad de "veto"
Consultado por esta materia, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, criticó la medida y advirtió que "si se concreta y se hace efectiva" implicaría "un veto a jueces".
La nueva política se aplicaría no sobre "actuaciones que constituyeran faltas o abusos graves en el ejercicio de sus funciones" por parte de los jueces, sino que solamente por el hecho de que éstos "han manifestado determinado criterio jurídico" o adoptado "decisiones a través de los mecanismos que la propia ley establece", casos en los que, en la eventualidad de que se produzcan errores, "pueden ser enmendados".
"Esas afirmaciones, si él (el ministro Ribera) las ha hecho en esos términos, tendrán que ser analizadas por las instancias del propio Poder Judicial", añadió Llanos.
