La Corte de Apelaciones ordenó que Mohamed Said Ur Rehman se someta a prisión preventiva.
El estudiante pidió a la Cancillería de su país que se involucre en su caso.
El joven paquistaní Mohamed Said Ur Rehman Khan, imputado por presunto porte de explosivos que le fueron detectados en la embajada de Estados Unidos en Santiago, aseguró que se esforzará por probar su inocencia, luego de que el sábado la Corte de Apelaciones capitalina anulara su libertad provisional y ordenara su ingreso en prisión preventiva durante los 120 días decretados para la investigación.
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| "Confío en los jueces chilenos y estoy seguro de que ganaremos este caso cuando la verdad se imponga", dijo el estudiante detenido. (Foto: UPI) |
"Estoy preocupado por mi familia y los quiero más que nada. Confío en los jueces chilenos y en su sistema judicial", expresó el estudiante, que dijo estar "seguro de que ganaremos este caso cuando la verdad se imponga sobre la falsedad".
Corte: Es un peligro para la sociedad
La decisión adoptada por la octava sala de la Corte de Apelaciones fue explicada por el juez Lamberto Cisternas: "Por decisión de mayoría se estimó que la libertad de este ciudadano paquistaní era un peligro para la seguridad de la sociedad, porque quedó establecido que portaba explosivos de alta significación, sin contar con la autorización competente, y tampoco la tenían quienes se la proporcionaron".
El magistrado agregó que también se consideró "la gravedad de la pena asignada" y el hecho de que no se haya proporcionado "ningún elemento de arraigo social de esta persona, ni tampoco claridad de las razones de su permanencia en Chile".
Tales palabras fueron cuestionadas por el abogado defensor Gabriel Carrión, quien aseguró que el paquistaní "no es un peligro para la sociedad y no ha cometido ningún tipo de infracción penal". El profesional aseguró que buscará demostrar "el arraigo que la Corte consideró que era diminuido" y anunció que en los próximos días llegarán al país familiares del acusado.
Mohamed Saif Ur Rehman fue detenido el 10 de mayo en la embajada estadounidense en Santiago -a la que, según dijo, fue citado para corregir un error de nombre en su visado- tras serle detectados en sus pertenencias trazas de un explosivo de uso militar. De ser encontrado culpable, arriesga una pena de tres años de cárcel.
