María Ignacia Benítez criticó extensamente la decisión de la Corte Suprema que paralizó el proyecto termoeléctrico.
Afirmó que los tribunales están sustituyendo al organismo técnico, con lo cual "la institucionalidad queda en entredicho".
La ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, se sumó a las críticas de personeros de Gobierno ante el fallo de la Corte Suprema que paralizó el mega proyecto termoeléctrico Castilla. A juicio de la secretaria de Estado, el razonamiento del máximo tribunal "incurre en errores y eso es complicado".
"El fallo se acata, pero no comparto el razonamiento del fallo. No estoy aquí para defender un proyecto determinado, sino que estoy por defender la institucionalidad ambiental", sostuvo Benítez en una entrevista con el diario El Mercurio.
En concreto, la secretaria de Estado criticó que la Suprema considerara ilegal la presentación por separado de las obras de construcción de un puerto y de las centrales que contemplaba la iniciativa.
"El fallo habla de fraccionamiento de proyectos. La reforma a la Ley dice que el fraccionamiento de proyectos sólo está prohibido cuando se utiliza como una manera de no ingresar un tema al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), o sea que un proyecto que se fracciona para no ingresar algunas de las partes. Ahí se prohíbe el fraccionamiento. La Ley también impide que tú eludas la forma de ingresar, es decir, que tú ingreses un proyecto a través de una declaración y no un estudio", expresó Benítez.
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| "La Corte no tiene competencia técnica en esos temas", consideró la secretaria de Estado. (Foto: UPI) |
"En este caso se trata de una central y un puerto, y ambos ingresaron mediante estudio de impacto ambiental. Por lo tanto no hay vulneración ni infracción. Por otra parte, el fallo dice que hay una parte del proyecto que no fue evaluada, que es la conexión entre el puerto y la central, y el transporte de carbón y petróleo. Yo puedo garantizar que eso sí se evaluó y en su totalidad con línea base y los impactos que genera, por lo tanto ahí hay un error y ese es el problema que se genera", añadió la ministra.
A juicio de Benítez, el fallo de la Corte entró a un terreno "que es de competencia de la administración" medioambiental: "Sustituir al organismo técnico no corresponde", porque "la institucionalidad queda en entredicho", advirtió.
"Si el fallo dice que esto es contaminante y no molesto, o que el proyecto debe tramitarse en uno solo, ¿entonces dónde queda el organismo técnico? Esa decisión corresponde al SEA y la Superintendencia de Medio Ambiente lo debe fiscalizar para que así sea", sentenció.
Benítez indicó además que, con su resolución, la Corte ha mostrado una forma de proceder distinta a la que exhibía en el pasado.
"El criterio que utilizaba la Corte hace unos tres años atrás era opinar sobre la legalidad del proceso, pero no decía cómo tenía que solucionarlo. Al variar estos criterios, claro que se generan incertidumbres y se debilita a la institucionalidad ambiental", acusó.
En el caso de proyectos como Castilla se justifica "ingresar algunas partes por separado, porque la complejidad de éstos hace muy poco conveniente tramitarlo en su conjunto. Por ejemplo, en el caso de un proyecto minero que tiene la explotación minera por un lado y a 200 kilómetros el puerto, evaluar en forma conjunta eso no tiene ningún sentido".
"A mi juicio la Corte no debiera calificar, porque el único encargado de calificar y con la competencia para hacerlo es la autoridad sanitaria. Incluso hay dos fallos contrapuestos. En el primer fallo sobre ese tema, lo que hace la Corte es decir: '¿Sabe qué, señor seremi de Salud?, Usted al calificar este proyecto no siguió el debido proceso, no escuchó a las partes involucradas y no reunió los antecedentes. No lo hizo bien'. Falla eso y el seremi de salud hace el debido proceso y con estos antecedentes la califica de molesta. Pero el segundo fallo dice que el proyecto es contaminante sin una deferencia técnica hacia la autoridad sanitaria que es la que emite ese pronunciamiento. (...) Creo que la Corte no tiene la competencia técnica en esos temas para decir que esto es contaminante o no".
La oportunidad de la JusticiaLa ministra también criticó que los tribunales estén acogiendo a trámite acciones judiciales mientras se desarrolla el proceso de evaluación ambiental.
"La Corte ha acogido como recurso de protección en el momento en que se ingresa el proyecto a trámite, en el inicio (...) Entonces debilita el accionar de la institucionalidad ambiental que tiene entre sus competencias analizar esto", manifestó.
A su juicio, los tribunales debieran actuar "al final de la calificación".
Yo me preguntó qué garantía constitucional se está violando al ingresar un proyecto que todavía no se ha terminado de evaluar. No puede haber a mi juicio una vulneración de una garantía constitucional. Imagínate un proyecto que tiene que pasar por una evaluación lleno de actos intermedios, la incertidumbre es tremenda si en cada uno de ellos se puede presentar un recurso, sobre todo si aún no se ha terminado de evaluar", finalizó.
