Teodoro Ribera se sumó a las críticas del Gobierno hacia el fallo del caso Pitronello.
Los jueces acusaron intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, criticó duramente el fallo que liberó a Luciano Pitronello de la acusación de delito terrorista y le otorgó el beneficio del arresto domiciliario.
"Un fallo como este, a uno que es abogado, le genera pensamientos respecto a cómo se pudo llegar a ese raciocinio. En las facultades de Derecho normalmente a los alumnos se les pone como ejemplo de delitos terroristas la colocación de bombas con el fin de causar temor en la población o arrancar decisiones de la autoridad", afirmó el secretario de Estado.
Así se sumó a las palabras del vocero del Gobierno, Andrés Chadwick, quien expresó su "sorpresa jurídica" tras el fallo dividido que favoreció al joven que perdió una mano y tres dedos de la otra cuando intentaba instalar un artefacto explosivo en una sucursal del Banco Santander en junio de 2011.
En referencia al mensaje de Twitter de la hermana del acusado, Romina Pitronello, en el sentido de que el muchacho sí es un peligro para la sociedad, Ribera agregó que "es terrible que una persona que una persona que lo tiene que conocer profundamente, que tiene que saber sus motivaciones, su forma de actuar, señale que el hermano es un peligro para la sociedad, mientras que quienes lo juzgan tienen una opinión de que no estaría cometiendo un delito terrorista".
A nombre del Poder Judicial, el vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, apoyó la decisión del tribunal: "Para nosotros se está cumpliendo lo que corresponde dentro de la jurisdicción. Los tribunales funcionan libremente. La opinión de nuestros jueces para nosotros es absolutamente respetable, sin perjuicio de que los superiores pueden, por las vías que corresponden, modificar aquello. Pero por ahora está así y nos parece que está bien".
Más duro fue el presidente de Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, quien acusó una intromisión del Gobierno: "Si queremos que las instituciones funcionen hay que dejar al Poder Judicial que haga su tarea y que los afectados por la resolución ejerzan los recursos ante los tribunales competentes. Lo anterior significaría una intromisión en la independencia judicial. Es una cuestión que está zanjada claramente en la Constitución Política de la República".
