El senador Alejandro Navarro concurrió hasta la Contraloría General de la República en Concepción para presentar una nueva denuncia contra la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, por irregularidades en materia de reconstrucción.
Esta vez el caso afecta a vecinos del sector Cerro Centinela II en Talcahuano, a quienes -de acuerdo a la acusación de Navarro- la autoridad regional les dijo que abandonaran sus departamentos, a pesar de no estar afectados por el terremoto, porque estos iban a ser demolidos.
Sin embargo, los involucrados no contaban certificados de inhabitabilidad, por lo que sufrieron el desmantelamiento de sus inmuebles, sin poder contar con una solución habitacional.
"La intendenta autoriza de manera irresponsable e ilegal el desmantelamiento y lo que ha ocurrido a partir de ahí es que no ha existido supervisión ni del Serviu, ni de la municipalidad", expresó Navarro.
Según el parlamentario del MAS, "la municipalidad (de Talcahuano) ha sido marginada de todo este proceso y la actual situación de la población es un desastre. Hay cerca de 100 familias que aún viven ahí en condiciones precarias, producto de que la intendenta 'autorizó' el desmantelamiento de manera irresponsable".
En tanto, en la reunión del comité político del Gobierno que se llevó a cabo este lunes en La Moneda se analizó la situación de Jacqueline van Rysselberghe.
En la cita estuvieron presentes el subsecretario de Hacienda, Rodrigo Alvarez; su par de Presidencia, Claudio Alvarado; el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, y la vocera Ena von Baer, quienes se retiraron sin emitir declaraciones.