José Roa detalló en Cooperativa los pasos a seguir tras la multa contra Salcobrand y Cruz Verde.
Recalcó que el camino de los eventuales demandantes implica "tiempo" y una serie de dificultades.
El ex director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa, aseguró que los afectados por la colusión de las farmacias sí pueden entablar una demanda colectiva en busca de compensaciones después que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acreditara la concertación de precios entre Salcobrand y Cruz Verde.
"La ley del consumidor lo que establece es la posibilidad de iniciar acciones colectivas" e incluso "acciones colectivas indemnizatorias para indemnizar el daño causado producto de una infracción de la ley especial que dice relación con el consumidor", explicó a El Diario de Cooperativa.
De acuerdo a Roa, "la pregunta técnica (...) es cuáles son las leyes especiales que dicen relación con el consumidor. Parece claro que la ley de los bancos, la ley de telecomunicaciones o la ley de calidad de vivienda son leyes especiales que dicen relación con el consumidor"
"También ha parecido claro que la ley que resguarda la privacidad de los datos personales, la ley Dicom por ejemplo, es una Ley especial que dice relación con los consumidores", detalló.
Roa precisó que la multa contra Salcobrand y Cruz Verde es una "buena noticia" aunque no una "excelente noticia", porque los afectados enfrentarán un camino "que lleva tiempo" y que exige una serie de requisitos, por lo que -según recalcó- se requiere que la comisión asesora presidencial sobre libre competencia prepara propuestas para este facilitar estos procesos.
El casoEl 31 de enero pasado, los miembros del TDLC decidieron acoger la demanda de la Fiscalía Nacional Económica en contra de las cadenas de farmacias Salcobrand y Cruz Verde por la colusión de precios en más de 200 medicamentos.
A juicio del organismo antimonopolio, durante el proceso "se acreditó más allá de toda duda razonable" el acuerdo de concertación de precios entre ambas cadenas, que deberán responder con el pago de las multas máximas establecidas por la legislación: esto es, 20.000 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a cerca de 19 millones de dólares, cada una, a beneficio fiscal.
