El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que acaba de denunciar a las empresas Indura y Linde, y tres de sus ejecutivos, por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, que tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021, es decir, en plena época de la pandemia del Covid-19.
Este último punto "agrava en términos éticos, pero la colusión es un acto grave en cualquier contexto y debe ser perseguido con toda la rigurosidad de la ley, y debe además tener los instrumentos adecuados para poder probarlo", afirmó en entrevista con Lo Que Queda del Día.
Según el requerimiento presentado por la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ambas empresas mantuvieron un "pacto de no agresión", una relación de "paz y amor" que se gestó en un café de Las Condes en los días del estallido social, por parte de los gerentes generales de Indura, Marcelo Torres; y de Linde, Sergio Novelli; también intervino otro ejecutivo de la segunda, David Lori.
Asimismo, acusó que el cartel afectó directamente al Hospital Félix Bulnes, que el 12 de mayo de 2020, en plena pandemia, había convocado a una licitación pública para el suministro de oxígeno y otros gases, dado el inminente término del contrato que mantenía con Indura desde 2018, y en una descoordinación del pacto, Linde postuló y el 11 de junio del 2020 se adjudicó el proceso al presentar la "oferta económica más conveniente".
Sin embargo, Torres llamó a Novelli para corregir el "desvío" de la colusión y, luego, este último instruyó a Lori que sacara a Linde del contrato. Así las cosas, el 24 de junio de 2020 Linde envió al hospital una carta justificando que, "debido a la situación de pandemia en Chile", debían desistir de entregar el suministro, tras lo cual la licitación fue readjudicada a Indura.
"ALTA PROBABILIDAD DE SANCIONES"
"En esta primera etapa, se tiene que discutir si existió o no esta colusión", apuntó Grau.
Y en caso de que se compruebe, "a posterior puede haber otros procedimientos, por ejemplo, acciones en el ámbito penal a las personas que participaron en ese proceso, (y) también podría ocurrir que el Fisco eventualmente pida compensaciones por el hospital que estuvo involucrado (dentro de los afectados)", planteó.
El ministro analizó que "siempre cualquier empresa o persona tienen derecho a la presunción de inocencia, y tendrá que demostrarse en la Corte, pero lo que podemos anticipar, lo que ha dicho la Fiscalía (Económica), es que la prueba es muy sólida".
"No es sólo una prueba que tiene que ver con los efectos indirectos, que uno muchas veces observa, sino que acá hay mucho más que eso: hay intercepción de llamadas, hay allanamientos que han permitido ver computadores, y además hay un proceso de delación compensada de una de las partes, que reconoció que esto había ocurrido y cooperó", detalló.
"La calidad de la prueba es muy alta, y por ende vemos con alta probabilidad que termine existiendo una sanción", vaticinó.
Además, destacó que "la Fiscalía tiene una buena fama ganada en nuestro país, es un organismo muy sólido en términos técnicos, y cuando se involucra de esta manera en un procedimiento suele tener muy buenos antecedentes".
En su requerimiento (ver achivo adjunto), la FNE pide que el TDLC aplique multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a 31,3 millones de dólares: unos 29 mil 841 millones de pesos.
De este total, 31,2 millones de dólares (29 mil 732 millones de pesos) corresponderían a la multa de Indura, y 114 mil 392 dólares (109 millones de pesos) a Torres.
En cuanto a Linde y Novelli y Lori, "la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada"; y también "que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos ilícitos" respecto de ambos ejecutivos. que en diciembre del 2021 fueron desvinculados de la empresa.
