Postergación de la diligencia se logró tras conversaciones de su defensa con la Fiscalía.
Será la primera vez que el controlador de SQM se presente personalmente.
Julio Ponce Leoru nunca se ha presentado a declarar en esta investigación.
Pese a que la declaración del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, se esperaba para el jueves, su defensa logró negociar con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y su Unidad de Alta Complejidad, encabezada por el fiscal José Morales, para que esto se realice a principios de marzo.
Ponce Lerou declarará en el marco de la querella presentada contra funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por los presuntos delitos de prevaricación y abuso contra particulares, por la investigación abierta en su contra por el superintendente Fernando Coloma en el denominado caso Cascadas.
El controlador de SQM nunca ha estado presente en alguna declaración, ni siquiera en la administrativa, ya que solamente ha contestado por oficio los cargos de la Superintendencia. La semana pasada fue visto en un torneo ecuestre en Osorno.
Dentro de esta investigación, la semana pasada se presentó ante la Justicia el superintendente Coloma acompañado de sus abogados Paula Vial y Mario Vargas.
Estrategia de dilación
Para la abogada Vial, este nuevo retraso "confirma lo que nosotros hemos señalado siempre, en términos de que ésta es una presentación instrumental a otros intereses que tiene el querellante, que es dilatar el proceso y distraer de aquello que en realidad es el foco principal de sus preocupaciones, de su atención, que es el proceso administrativo que se sigue en la Superintendencia".
"La verdad es que lo lamentamos, nosotros estamos por la celeridad en la resolución de esta causa. Sabemos que no existe ningún antecedente que confirme las afirmaciones y especulaciones que hace el querellante", dijo Vial.
Una opinión similar expresó Mauricio Daza, querellante por un accionista minoritario de Soquimich, para quien el movimiento de Ponce y su defensa "lo que significa es dilatar la resolución de esa causa, que nosotros consideramos debiese terminar con un sobreseimiento definitivo y una posterior querella por acusación calumniosa que debiese intentar el superintendente Coloma en contra del señor Ponce Lerou".
"No es aceptable que se ocupen esta clase de estrategias para poder levantar una defensa respecto de casos graves, como los que se le asignan al propio señor Ponce, respecto a manejar un esquema fraudulento durante años partir del cual se enriqueció a costa, entre otros, de las AFP y, por lo tanto, de los cotizantes", señaló Daza.
Los presuntos delitos atribuidos a Ponce en las sociedades cascadas suponen montos de 4.000 millones de dólares.
