El experto tributario Gonzalo Polanco destacó el trabajo fiscalizador del Servicio de Impuestos (SII) que permitió destapar en la víspera el mega fraude fiscal, que tiene a 55 detenidos e involucra más de 240 mil millones de pesos, y que ha sido señalado como el más grande del que se tenga registro en Chile.
Aunque las cifras aún son preliminares, "la cantidad de personas involucradas hace que inicialmente sea uno de los fraudes más importantes que se han investigado: fraudes hemos conocido muchos, pero involucraban a un grupo reducido, y no tenemos recuerdo de uno que involucre a tal cantidad de empresarios", sostuvo el académico en entrevista con Lo Que Queda del Día.
A su juicio, el caso "podemos tomarlo desde dos perspectivas": uno apunta a que "es una situación terrible y hay evasión por todas partes", pero "deberíamos quedarnos con la preocupación y la satisfacción de que el Servicio de Impuestos Internos está pudiendo detectar estas situaciones".
"Normalmente se cuestiona mucho la capacidad efectiva del SII para detectar estas situaciones, cuando las facturas no han sido pagadas, y lo cierto es que este caso nos demuestra que existe mayor capacidad fiscalizadora de la que se piensa. No se detectan todos los casos, pero existe una buena capacidad de fiscalización, que evidentemente hay que fortalecer", expuso el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.
En ese sentido, puntualizó que "no es efectivo -como se señala a veces- que el SII sólo detecta los casos cuando no hay facturas pagadas; en realidad, los mecanismos de fiscalización son bastante más complejos, hay algoritmos que permiten detectar cuando hay contribuyentes en situación de sospecha o anómala, y el Servicio focaliza su accionar fiscalizador sobre esos".
ARRIESGAN PENAS ALTAS, SIN LEY CONTRA DELITOS DE "CUELLO Y CORBATA"
La trama implica a más de 100 empresas, las que -en algunos casos- operaban desde el 2015 emitiendo "facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias o adulteradas"; lo que fue confirmado con la detección de cerca de 100 mil facturas falsas por más de 3.300 contribuyentes para defraudar al Fisco, de acuerdo con las primeras diligencias.
"Las facturas falsas contemplan sanciones de hasta 10 años de presidio. La pena que se asigne dependerá de las circunstancias agravantes y atenuantes, y la fundamenta, la reiteración de los contribuyentes, porque no es lo mismo una situación aislada a que haya sido repetida durante muchos años tributarios. Los antecedentes dan cuenta de que serían figuras que se están dando por lo menos desde 2016, e inicialmente dan cuenta de una reiteración y podríamos estar en presencia de penas altas", explicó.
Aclaró asimismo que en este caso, de acuerdo con los antecedentes conocidos hasta el momento, no sería aplicable la nueva ley contra delitos de "cuello y corbata", publicada en agosto pasado.
Debido a que las leyes penales no son retroactivas, "si los hechos hubiesen ocurrido después de agosto de este año, cabrían dentro de la nueva normativa y las penas serían aún más altas, y alcanzarían no sólo a quienes tuvieron intervención, sino a las empresas, las personas jurídicas y sociedades que podrían terminar pagando multas o incurrir en una causal de disolución", planteó el experto tributario.
Pese a ello, "lo que todos esperamos es que se produzca una investigación muy acuciosa y a fondo, que se pueda establecer a los responsables, que paguen los impuestos, respondan con la multa y cumplan prisión efectiva si lo amerita", sentenció Polanco, quien también es consejero de la Defensoría del Contribuyente.
Los 55 empresarios implicados fueron detenidos anoche en una masivo procedimiento de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Occidente, denominado "Operación Tributo", que incluyó 83 allanamientos en 10 regiones del país. El caso apunta a 7 "clanes" organizados criminalmente para defraudar al Fisco, que son investigados por asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
