Que la reforma tributaria del Gobierno presuntamente iba a perjudicar a las micro, pequeñas y medianas empresas fue uno de los argumentos esgrimidos por los parlamentarios, principalmente de la oposición, que ayer rechazaron la idea de legislarla en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Un planteamiento que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, desmintió en la sesión de Sala, punto en el que insistió tras la caída de uno de los pilares del Ejecutivo para llevar adelante su programa: "Es una mala noticia para las pymes". Su par de Economía, Nicolás Grau, lo reiteró hoy en T13 Radio: la crítica opositora "no tiene ningún asidero".
Desde la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Unapyme) manifestaron este jueves que nunca promovieron el rechazo y, por el contrario, habían iniciado un diálogo para incorporar mejoras que no les afectaran.
Asimismo, "advertimos que la primera y dramática consecuencia de la falta de entendimiento político y ciudadano es que la tasa que agrava el 10% de la renta de las empresas sujetas al régimen pyme subirá en un 25% este mismo año, y al menos hasta el 2025 será intocable", lamentó Gianina Figueroa, presidenta de Unapyme.
"Tampoco se podrá contar con otros beneficios que veíamos con optimismo durante su discusión legislativa, que afectarán a la clase media y a otros que estimulan la inversión, y con ello, habrían permitido recuperar mejores empleos", dijo también.
No obstante, Figueroa también se dio espacio para criticar que los gremios de las pymes no fueron incluidos en el debate para mejorar el proyecto desde el principio, una supuesta falta de diálogo que también fue cuestionada por la oposición en el Congreso.
Misma línea en la que habló Héctor Sandoval, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme): "Si el Gobierno hubiese estado dispuesto a tener un acercamiento y a discutir efectivamente y a acoger los planteamientos que le hicieron las pymes, yo creo que no habrían tenido la derrota que tuvieron el día de ayer".
Puntualizó que "nadie está en contra de la reforma tributaria, pero que efectivamente dé cuenta de la realidad del país, y si hay que recaudar, bueno, preocupémonos de la evasión, de la informalidad, de la delincuencia, y no sigamos asfixiando a las pymes que están tan complicadas".
"Para esta reforma tributaria hubo un diálogo a nivel país, pero los que asistimos a esos diálogos pudimos constatar que nada de lo planteado en la discusión fue parte del texto final", aseguró el dirigente.
María Ignacia Rodríguez, secretaria general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), recalcó que "en lo inmediato, y el Gobierno puede hacerlo, ya que eso no estaba incluido en el proyecto que fue rechazado, corresponde demostrar con hechos que sí se las apoya. Entonces bastaría enviar un proyecto que sabemos tendrá unanimidad para dejar la tasa de impuestos de primera categoría en un 10 por ciento".
"Esto es porque no es justo que los dueños de las pymes que pagan sus impuestos personales a una tasa menor, del promedio del 7 por ciento, terminen financiando al Estado. Si eso no se cambia pagarán una tasa corporativa del 25 por ciento y el Estado deberá devolverles de esa diferencia varios meses después y sin intereses", añadió.
CPC: UNA REFORMA QUE NO PROMUEVE INVERSIÓN ES DIFÍCIL QUE AVANCE
Desde el gran empresariado, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) reiteró sus críticas a la iniciativa rechazada.
"Una reforma tributaria que no promueva el ahorro y la inversión es difícil que logre avanzar, porque no es lo que el país necesita. Entendemos el objetivo de recaudar más recursos para cubrir necesidades sociales, pero eso no se puede hacer a costa de gravar el ahorro y la inversión, perjudicando así el crecimiento y la generación de empleos", dijo Ricardo Mewes, presidente de la CPC.
Apuntó que "también habría que revisar cuánto se necesita recaudar, a qué se destinarán los recursos y qué otras fuentes de recaudación se pueden explotar, entre ellas, la eliminación de programas sociales ineficientes y combatir la informalidad en la elusión".
"Es una mala noticia para la inversión y la productividad", fustigó ayer Marcel tras el rechazo, asegurando que la reforma proponía una decena de medidas para estimularlas.
La propuesta apuntaba inicialmente a recaudar 4,1% del PIB a cuatro años, pero luego, tras el ingreso de indicaciones, la expectativa bajó a 3,6%.
Para la economista Gabriela Clivio, exintegrante del comando de Sebastián Sichel, "el tema de la gradualidad era súper importante, y quizás viendo las declaraciones de la Conapyme, la sensación que queda y lo que ellos mismos decían era que no han sido escuchados".
"Me parece súper importante que las reformas sean consensuadas con las personas que están en ese sector, con quienes más saben, y no solamente algo que es como de la academia, que no tiene contacto con la realidad del sector. Creo que esa es una de las grandes lecciones de este proceso", planteó hoy durante un seminario de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
"PARLAMENTARISMO DE FACTO"
El expresidente del Banco Central José de Gregorio comentó que "obviamente la reforma tenía cosas que había que corregir, había cosas que eliminar y de hecho, lo que uno escucha en pasillos es que ya había acuerdo de eliminar algunas de estas cosas en el Senado".
"Entonces cuando uno dice 'nos quedamos sin la posibilidad de legislar por un año', la verdad es que el resultado es lamentable, porque muestra una cosa más profunda del país y es la fractura política y la fragmentación política de nuestro sistema político, un sistema presidencial con un Parlamento fuerte que pueda construir acuerdos, no funciona en Chile, no es lo que está funcionando", sostuvo.
De Gregorio aseguró que "tenemos parlamentarismo de facto, el Parlamento le cierra las puertas al gobierno, que no puede cumplir su programa (...) las cosas más importantes por las que fue elegido, el Congreso no quiso aprobar la idea de legislar".
Tras el rechazo en la Cámara Baja, donde la idea de legislar requería mayoría simple, el Gobierno puede ejercer su derecho a insistencia llevando la reforma al Senado, donde requerirá, sin embargo, un quorum de dos tercios. Atendida la dificultad de conseguir los votos, "no tiene ningún sentido", dijo ayer la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, pero después aclaró que en La Moneda siguen "evaluando los distintos caminos legislativos".
