El Congreso despachó y dejó lista para su promulgación una ley que permite el riego agrícola con agua reciclada procedente de duchas, lavamanos y otras fuentes similares.
La iniciativa fue presentada por el Gobierno hace siete meses en el contexto de "la triple crisis medioambiental que afecta al país: de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación".
Según explicó el Ejecutivo en un comunicado, la iniciativa fue impulsada por el "Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa" y, en concreto, permitirá "la recolección, el tratamiento y el uso de aguas provenientes de las tinas, duchas, lavamanos, lavaplatos, máquinas lavavajillas y lavadoras de ropa para el riego de árboles frutales, cultivos ornamentales, cultivos de flores, cereales, cultivos industriales, praderas o empastadas para bolo o silo, producción de semillas, agua de pulverización, frutas y hortalizas, entre otros".
"Las aguas grises no podrán ser utilizadas para el riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo y que son consumidas por las personas, ni tampoco en el riego de cultivos que consuman animales y que puedan transmitir afecciones a la salud de las personas", enfatizó el Gobierno.
"Fomentar el reúso de las aguas grises, en especial en la pequeña agricultura, manteniendo las medidas preventivas para que (esto) no signifique un riesgo para la salud, es fundamental y habilitará a los distintos organismos de la administración del Estado para potenciar este tipo de proyectos", explicó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Gracias a esta norma "podremos entregar nuevas fuentes de aguas a quienes las necesitan con urgencia: los agricultores de nuestro país, que se han visto fuertemente afectados por la crisis climática y sus efectos en la situación hídrica del país", en medio de una sequía de 13 años, agregó la secretaria de Estado.
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
En el último paso legislativo del proyecto, ayer martes, fue aprobado por la unanimidad de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que respaldó las modificaciones introducidas por el Senado: entre ellas, redujo de un año a seis meses el plazo para la elaboración del reglamento que la hará operativa.
En el debate parlamentario, consignó la Cámara en su sitio web, "transversalmente las y los legisladores valoraron el avance que significa la normativa, sin embargo plantearon matices respecto de los reales efectos de la misma, considerando que no existe la infraestructura necesaria para reutilización plena de las aguas".
