La empresa Andes Iron, encargada del proyecto minero portuario Dominga que fue rechazado esta jornada por el Comité de Ministros, defendió que esta iniciativa "ha sido respaldada sistemáticamente en todas las instancias técnicas" y anunció que recurrirá a los Tribunales Ambientales para revertir esta decisión.
La compañía, a través de un comunicado, informó que irá a los Tribunales Ambientales para revertir lo resuelto, "instancia que analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, donde hemos obtenido resultados favorables, por lo que estamos confiados en que al final del proceso imperará la justicia y la verdad", argumentaron.
Sobre la decisión tomada por el Comité de Ministros, la empresa señaló que "no nos sorprende el resultado, considerando la intervención política" que, a juicio de la compañía, "favorece la judicialización y retrasa una respuesta definitiva respecto de una inversión tan relevante para la Región de Coquimbo y la minería chilena".
"El proyecto Dominga ha sido respaldado sistemáticamente en todas las instancias técnicas, en las cuales ya se estableció que la Línea de Base del proyecto Dominga es suficiente y completa, por lo cual no caben nuevos cuestionamientos técnicos", resaltaron.
Y agregan que este proyecto "no sólo cumple, sino que supera todos los estándares y se alinea a los principios establecidos por el Gobierno para el desarrollo sostenible de proyectos industriales y mineros en materia de protección del medio ambiente, relacionamiento comunitario, uso de energías limpias, uso de agua desalada, entre otros".
Finalmente, Andes Iron solidarizó "con toda la comunidad de La Higuera y la Región de Coquimbo, hacia quienes reiteramos nuestro compromiso de sacar adelante este proyecto".
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien presidente el Comité de Ministros, informó que la instancia tuvo a la vista todos los "informes técnicos existentes, el análisis y las recomendaciones que hace la oficina de reclamaciones del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)" y, en base a eso, de forma unánime, se resolvió acoger las 12 reclamaciones y que el proyecto quedara con una evaluación desfavorable.
