Se suma a otro interpuesto por senadores que ya analiza el organismo.
El Ejecutivo no podrá promulgar aún esta polémica iniciativa.
Un nuevo traspié sufrió la polémica ley de Pesca luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara admisible un recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados de la oposición.
Este nuevo recurso se suma a otro que interpuso un grupo de senadores opositores que también fue acogido por el TC, por lo que el tribunal deberá referirse a ambas iniciativas antes que el proyecto pueda ser promulgado por el Ejecutivo.
"Si bien estimamos que todo el proceso está viciado, pues se ha vulnerado el Convenio 169 que obliga a Chile a consultar a las comunidades indígenas, hemos solicitado que a lo menos tres normas se declaren inconstitucionales. Estas obviamente son parte esencial de la iniciativa por lo que, de aprobarse, este proyecto quedará en una compleja situación", dijo el diputado DC Fuad Chahín.
El parlamentario expresó que "lamentamos que esto esté ocurriendo, pues durante la tramitación insistimos en la obligación de consultar a nuestros pueblos originarios, especialmente a aquellos que viven del mar, a las comunidades lafquenches entre otras".
"Ello no ocurrió y las excusas que entregó la autoridad sólo demuestran que hubo una violación a un convenio internacional, vulnerándose, además, principios básicos de nuestra Constitución, específicamente, el artículo 19", añadió el legislador.
"Todo el proceso está viciado"
En tanto, el jefe de bancada de la DC, Ricardo Rincón, señaló que "junto con oponernos a esta ley en muchos aspectos, formulamos no sólo en Sala, sino durante toda la tramitación, que la consulta a los pueblos originarios era clave y obligatoria, y debía realizarse en forma oportuna, informada y de buena fe, tal como lo establece el Convenio 169".
"Sin embargo, el Gobierno manifestó su tozudez, impulsando una ley que no sólo consagra los recursos de todos los chilenos para unos pocos, sino que, además, no protege realmente la sustentabilidad y afecta a las comunidades indígenas que viven del mar y que debieron haber sido debidamente consultadas", recalcó el parlamentario.
Las normas cuestionadas por los diputados tienen que ver con las cuotas de captura y los procesos de subasta: sin embargo, para los diputados "todo el proceso está viciado".
El Convenio 169, que garantiza derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que establece entre otros puntos la consulta obligatoria a los pueblos indígenas, comenzó a regir en Chile el año 2009 y según el artículo 5 de la Constitución, "es deber de los órganos del Estado, promover y respetar los derechos garantizados por la Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que encuentren vigentes".
