Esta tarde de lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados votó, en primer trámite, el proyecto que elimina o reduce exenciones tributarias a fin de recaudar platas que permitan solventar la Pensión Garantizada Universal (PGU) que impulsa el Gobierno del Presidente saliente Sebastián Piñera, y lo aprobó con impuesto a los "súper ricos".
Por 130 votos a favor y ninguno en contra, la iniciativa finalmente fue visada en general y en particular, avanzando así al Senado para su segundo trámite constitucional.
En términos generales, el objetivo de la norma, que complementa la ley corta que creó el beneficio -que fue aprobada, sin votos en contra, la semana pasada y pasó al Senado-, contempla incorporar a las arcas fiscales recursos por el 0,35 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto se destinará a completar el financiamiento total del proyecto de la PGU, que establece un aporte mensual de 185.000 pesos para todos los mayores de 65 años pertenecientes al 90 por ciento más vulnerable de la población y requiere dineros equivalentes al 0,95 puntos del PIB.
Según lo comunicado en el primer informe de la Comisión de Hacienda, se espera llegar a un mayor gasto de 4,2 billones de pesos al año 2050, cuando el sistema esté en régimen.
El mecanismo que La Moneda propuso para financiar el beneficio ha recibido múltiples reparos de economistas de centroizquierda y sugerencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), quienes apuntan a que no estarían garantizados los recursos a largo plazo.
En la antesala a la sesión, que comenzó a las 16:00 horas de hoy, tensionó que desde la oposición se haya incluido en el texto, en su paso por la Comisión de Hacienda, un impuesto anual sobre el patrimonio de las personas naturales con domicilio o residencia en Chile que superen los cinco millones de dólares o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año calendario.
Tras el visado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo reserva de constitucionalidad por el tributo a los "súper ricos", debido a que el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva de temas relativos a impuestos y que contemplen gasto público. Por ello, de ser despachado del Congreso, este proyecto irá al Tribunal Constitucional.
"Bueno, agradecemos la votación, pero sí quisiéramos dejar en claro que necesitamos hacer una reserva de constitucionalidad respecto al artículo segundo del proyecto de ley en discusión (...) Esto es, obviamente, iniciativa exclusiva al Presidente de la República", dijo en la intervención.
Ante ello, el diputado Raúl Soto, jefe de la bancada del PPD, enfatizó que "el ministro de Hacienda y el de Trabajo (Patricio Melero) están solos en esto, porque la aprobación fue por unanimidad", y emplazó: "Hoy la pelota la tiene el Ejecutivo y les pedimos al Presidente Piñera y sus ministros se pongan la mano al corazón y piensen en os jubilados".
La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) fustigó que, al recurrir al TC, Piñera "estaría diciéndoles a todos los chilenos y chilenas que él no quiere pagar un impuesto que este Parlamento ha dicho que se tiene que pagar; él es incumbente porque es de los 'súper ricos' de Chile, por lo tanto tiene que obedecer a la cámara y esperamos también al Senado y pague".
El diputado Jaime Naranjo (PS) se lanzó en picada contra La Moneda tras la anunciada reclamación: "Señor Piñera, no vaya al TC; sepan las chilenos y los chilenos que si esta pensión no se paga en febrero es porque va a quedar demostrado que el señor Piñera tiene conflicto de interés", disparó.
Ese tributo "hace que el proyecto sea inviable en el mediano plazo", fustigó el RN Frank Sauerbaum antes de la votación. "Lo que se está buscando es entorpecer la aplicación de esta Pensión en febrero, porque el Gobierno va a tener que ir al Tribunal Constitucional porque es una facultad propia del Presidente de la República presentar este tipo de tributos", advirtió. Sin embargo, votó a favor.
"LES VA A PESAR CUANDO SEAN GOBIERNO"
El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, deploró que se haya incluido el impuesto a los "súper ricos".
"La forma en que la acual oposición presentó una indicación que es inconstitucional y saben que es inconstitucional, le va a pesar por los próximos cuatro años cuando sea Gobierno. Se está teniendo pan para hoy y hambre para mañana", advirtió.
Desde el Senado, la presidenta Ximena Rincón (DC), también timonel de la Comisión de Hacienda que deberá analizar ahora el proyecto, recordó que la PGU "tiene un gran pero, y es el financiamiento y que sea sostenible en el tiempo".
"Lo importante es que con el Gobierno construyamos el mecanismo de financiamiento, estamos conversando, todos los mecanismos que mejoren los ingresos al país son importantes", remarcó.
No obstante, le bajó el pulgar a que el royalty minero que se ha impulsado se destine a solventar la Pensión, que es una de las alternativas que ha planteado el Ejecutivo. "El royalty tiene un sentido y no se puede perder", apuntó Rincón.