En el marco de un juicio contra una ministra del anterior mandatario, Roberto Medina señaló que los pagos ilegales ascendían a 50 mil dólares mensuales.
Todos los ministros y secretarios de Carlos Menem, quien gobernó Argentina entre 1989 y 1999, cobraban ilegalmente 50 mil dólares mensuales (un poco más de 30 millones de pesos chilenos), afirmó este jueves un ex funcionario de dicha administración al declarar como testigo en un juicio por presunta corrupción.
Los pagos se hacían sin que se firmara ningún recibo, aseguró el testigo en el juicio oral y público por "enriquecimiento ilícito" que se le sigue a María Julia Alsogaray, quien ocupó varios cargos durante el gobierno de Menem.
Roberto Martínez Medina, quien fue secretario privado de Raúl Granillo Ocampo cuando éste era ministro de Justicia de Menem, dijo que los pagos ilegales se hacían en las oficinas de la Jefatura del Gabinete de Ministros.
Sostuvo que con esos pagos, Granillo Ocampo "compró tres pisos departamentos de 200 mil dólares para cada uno de sus hijos" en la zona norte de Buenos Aires, una de las más exclusivas de la capital argentina.
El testigo explicó que además de sus salarios, "todos" los ministros y secretarios de Estado del gobierno de Menem "cobraban 50 mil pesos", suma equivalente a otros tantos dólares, porque por entonces regía la ley de convertibilidad con una paridad de "uno a uno" entre las monedas argentina y estadounidense.
Los pagos ilegales los hacía el ex secretario de Estado Rodolfo Aiello, agregó.
Martínez Medina hizo estas declaraciones al cumplirse este jueves la sexta jornada del juicio contra a Alsogaray, considerada un símbolo de la corrupción de la que se acusa al gobierno de Menem.
El propio ex presidente ha sido declarado esta semana en rebeldía por la justicia argentina por no comparecer ante los jueces y, según fuentes oficiales, en estos días se va a pedir su extradición a Chile, donde reside actualmente.
María Julia Alsogaray, quien privatizó la telefónica Entel y la acería Somisa, una de las mayores del país, y estuvo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe justificar un patrimonio de más de dos millones de dólares.
La ex funcionaria, que además afronta otras 26 causas judiciales por corrupción, está detenida desde hace siete meses, pero por la presunta malversación de fondos en la remodelación de las oficinas de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las leyes argentinas castigan el enriquecimiento ilícito de los funcionarios con penas que llegan a seis años de prisión y la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Además, a diferencia del común de los procesos por delitos, establecen que los acusados de "enriquecimiento ilícito" deben demostrar su inocencia. (EFE)
