El vocero de la Oficina Federal de Justicia, Folco Gali, confirmó que la documentación ya fue enviada.
Menem fue procesado en marzo por una concesión a la empresa francesa.
Suiza envió a Argentina el pasado 29 de octubre los documentos bancarios relacionados con el caso de corrupción en el que están presuntamente implicados el grupo francés Thales y el ex presidente trasandino Carlos Menem, según confirmó este lunes el portavoz de la Oficina Federal de Justicia, Folco Gali.
El vocero dijo que la transmisión de la información se hizo en cumplimiento de cuatro sentencias del Tribunal Penal Federal, que rechazó otros tantos recursos en contra.
"Las decisiones en contra de los recursos para que no se enviaran los datos bancarios fueron emitidas el pasado 11 de septiembre, y los documentos han sido enviados el 29 de octubre", dijo el portavoz.
El Tribunal Penal Federal respondió así una comisión rogatoria del juez de instrucción del cantón de Ginebra Jean-Bernard Schmid, encargado de este caso y partidario de transmitir los documentos.
La decisión final tuvo que superar varios recursos de apelación presentados por empresas propietarias de cuentas secretas vinculadas con el caso de corrupción.
El pasado marzo, un juez argentino procesó al ex presidente Menem por presuntas irregularidades en un contrato de concesión del espacio radioeléctrico a la empresa francesa Thales Spectrum en 1997.
El juez Norberto Oyarbide ordenó, además, un embargo de 200 millones de pesos (54,5 millones de dólares) sobre los bienes del ex mandatario (1989-1999), que quedó procesado por el delito de "administración infiel".
La investigación del caso se inició en abril de 2004, a partir de las declaraciones de un directivo de una empresa suiza que dijo haber intervenido en el pago de sobornos al Gobierno de Menem por unos 25 millones de dólares.
En julio de 1997, Thales Spectrum, que entonces operaba bajo el nombre de Thompson, firmó un contrato con el Gobierno de Menem por 500 millones de dólares para gestionar, durante 15 años, el cobro de cánones por el uso del espacio radioeléctrico argentino.
En enero de 2004 el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) canceló la concesión por incumplimiento de las inversiones pactadas en el contrato.
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