La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la legalidad de la nacionalización de los fondos de jubilación y pensión (AFJP) aprobada por el Parlamento argentino en noviembre de 2008, informaron fuentes judiciales.
El Tribunal rechazó así un planteamiento por presunta inconstitucionalidad de la medida realizado por un ex beneficiario del régimen privado que administraba las pensiones y jubilaciones y que, con la ley, pasaron a ser manejadas por el Estado.
El demandante, Pablo Ariel Rossi, había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la norma al entender que el traspaso de los fondos de pensión al Estado constituía "una grosera y evidente violación al derecho de propiedad" garantizado por la Constitución Nacional argentina, aunque su planteamiento había sido rechazado antes por instancias judiciales anteriores.
En un dictamen que fue tomado en cuenta por la Corte, la procuradora fiscal, Marta Beiró de Goncalves, había concluido en diciembre de 2011 que el demandante no demostró "que el cambio de régimen le haya producido un daño concreto".
En noviembre de 2008, el Parlamento argentino aprobó una ley promovida por el Gobierno de Cristina Fernández por la que se nacionalizaron los fondos privados de pensiones, poniendo fin al sistema de jubilación por capitalización creado en 1994, durante la Presidencia de Carlos Menem.
La ley permitió entonces el traspaso a la estatal Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de unos 78.000 millones de pesos (por entonces, unos 23.350 millones de dólares) aportados por millones de trabajadores argentinos desde 1994 a las AFJP.