Cristino Nicolaides, titular castrense entre junio de 1982 y octubre de 1983 y quien ya cumple una condena de 25 años, deberá responder por ejecuciones en un regimiento de Corrientes.
Un tribunal comenzó a juzgar al ex jefe del Ejército argentino Cristino Nicolaides y otros cinco acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en una guarnición del noreste del país durante la dictadura militar (1976-1983).
El proceso a cargo del Tribunal Federal de Corrientes, capital de la provincia homónima, es el primero que se lleva a cabo bajo un sistema de "protección de testigos", para resguardar a éstos de revivir sus padecimientos durante la represión.
Nicolaides está ausente en el juicio debido a que por razones de salud fue ingresado en una sala de terapia intensiva de un hospital de Córdoba, en momentos en que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos similares a los que lo vuelven a llevar ante un juez.
Quien fuera jefe del Ejército entre junio de 1982 y octubre de 1983, en el último tramo de la dictadura, es acusado de ser el responsable de un "centro clandestino de detención y exterminio" en el Regimiento 9 de Corrientes.
Nicolaides, tres ex oficiales del Ejército y dos de la Gendarmería (policía de fronteras) son responsables de múltiples casos de privaciones ilegales de la libertad, aplicaciones de tormentos, asesinatos y desapariciones de personas, según denunciaron familiares de víctimas de la represión.
Los restos de Rómulo Artieda, una de las personas ilegalmente detenidas en la guarnición militar, fueron hallados el año pasado enterrados como "N.N." en un cementerio de Empedrado, localidad vecina a Corrientes.
Una de las primeras medidas que tomó el tribunal de Corrientes es que una junta médica corrobore que Nicolaides está impedido de presenciar este nuevo juicio en su contra, indicaron fuentes judiciales.
Los jueces deben decidir si Nicolaides debe ser juzgado ahora junto al resto de los acusados o si separan su caso y aplazan el proceso contra el ex jefe del Ejército.
La Fiscalía citó a unos 80 testigos, quienes podrán adherirse a un sistema de "protección" que apunta a "evitarles "revivir situaciones traumáticas como fueron las torturas y delitos cometidos por la dictadura", explicó Victoria Martínez, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos.
Sin embargo, los defensores de los acusados sostienen que ese sistema es ilegal y levanta sospechas de que los testigos serán manipulados. (EFE)
