Avalando una decisión de 2003 del Congreso, el máximo tribunal trasandino invalidó dos leyes que trababan los juicios contra los involucrados en crímenes de la dictadura.
La Corte Suprema de Argentina declaró este martes inconstitucionales dos leyes que impidieron el procesamiento de centenares de implicados en la represión política entre los años 1976 y 1983, durante la dictadura militar.
La decisión de la máxima instancia judicial argentina invalida las leyes conocidas como Punto Final y Obediencia Debida, informaron fuentes judiciales.
La anulación de estas leyes agiliza la marcha a juicio oral y público de los numerosos procesos judiciales reabiertos por delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos perpetrados durante el régimen militar.
La Corte decidió el fallo con el voto favorable de siete de sus nueve miembros, mientras que uno votó en contra de la resolución y otro se abstuvo de pronunciarse.
El tribunal supremo adoptó la medida después de analizar durante más de tres años un caso específico sobre la desaparición, en 1978, de un matrimonio formado por un chileno y una argentina y la apropiación de la hija de ambos.
La resolución abre la posibilidad de que entre 500 y un millar de militares y policías que participaron en la represión ilegal sean enjuiciados, informaron fuentes oficiales.
La Corte convalidó una serie de fallos de instancias judiciales inferiores que a partir de marzo de 2001 cuestionaron la validez de las llamadas "leyes del perdón", que habían sido aprobadas por el Parlamento en la década de 1980 bajo presión militar.
Las principales causas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura fueron reabiertas por la Justicia después que en agosto de 2003 el Parlamento anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, medida que fue avalada este martes por la Corte Suprema.
De los represores que figuran como imputados en esos expedientes "muy pocos siguen en actividad", señalaron portavoces del Ministerio de Defensa, cuyo titular, José Pampuro, reconoció que "hay algún tipo de inquietud" entre los militares involucrados.
La inconstitucionalidad de las "leyes del perdón" era un antiguo reclamo de las agrupaciones de defensa de los derechos humanos, que celebraron el fallo de la Corte Suprema por considerar que contribuye a terminar con la impunidad en Argentina.
La aprobación de las normas de Punto Final y Obediencia Debida se produjo en 1986 y 1987, respectivamente, cuando el Gobierno del entonces presidente, Raúl Alfonsín, estaba agobiado por rebeliones militares desatadas en oposición a las citaciones judiciales de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. (EFE)
