Máximo tribunal hispano revocó la resolución que bloqueó la solicitud del juez Baltasar Garzón para pedir la presencia ante él de responsables de violaciones a los DD.HH. en el país trasandino.
El Tribunal Supremo de España anuló la decisión adoptada por el Gobierno de España en 2003, cuando lo presidía el derechista José María Aznar, mediante la cual determinó no pedir a Argentina la extradición de 39 ex militares y un civil reclamados por el juez Baltasar Garzón, por su presunta participación en crímenes cometidos durante la dictadura militar trasandina.
En una sentencia notificada este viernes, la corte dictaminó que Madrid "debe cursar" la solicitud de extradición pedida por el magistrado de la Audiencia Nacional por la vía diplomática.
El alto tribunal entiende que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 "no fue conforme a Derecho", según informaron fuentes jurídicas.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo aceptó los recursos interpuestos contra la resolución ejecutiva por los grupos políticos Izquierda Unida e Iniciativa por Cataluña, así como por Graciela Palacios de Lois, esposa de un español que estuvo detenido en la Escuela Mecánica de la Armada Argentina y que presuntamente fue lanzado al mar en uno de los "vuelos de la muerte", en 1976.
El 19 de agosto de 2003, Garzón propuso al Gobierno que presidía entonces el conservador José María Aznar que solicitara esas extradiciones, en la causa que instruye contra 40 argentinos reclamados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos entre 1976 y 1983.
Entre los reclamados por Garzón figuran los ex miembros de la junta militar argentina Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, así como el ex general Carlos Suárez Mason, que dirigió el Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura.
El magistrado también pidió la extradición del abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil de la nómina, así como del miembro de la Policía Aeronáutica Ernesto Weber y el ex integrante de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic.
Además, Garzón reclamó la entrega del marino retirado Alfredo Astiz, conocido como "el ángel de la muerte".
Todos ellos fueron procesados por Garzón el 2 de noviembre de 1999, que entonces emitió una resolución en la que se afirmaba que, en 1975, los militares que derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón diseñaron "un plan sistemático de desaparición y eliminación física de ciudadanos" en función de su ideología, raza o religión.
Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, aprovecharon "la propia estructura militar de la nación, dividida en seis zonas, a su vez subdivididas en subzonas y áreas" y prepararon en ellas hasta 340 centros clandestinos de detención "que acogerán a las personas cuya detención, desaparición y eliminación se prevé".
La infraestructura se montó para cumplir "el plan trazado de construir una 'Nueva Argentina' purificada de la "contaminación subversiva y atea" y, simultáneamente, dar la sensación de que la violencia en las calles había desaparecido por el accionar antisubversivo del Ejército, ocultando la realidad a la comunidad internacional".
En Argentina se vivió "una realidad atroz, reflejada en la práctica sistemática de la tortura, el exterminio generalizado, los enterramientos en fosas comunes, los lanzamientos de cadáveres desde aeronaves -conocidos como "vuelos de la muerte"-; las cremaciones de cuerpos", agregó el juez.
Se refiere también a "los abusos sexuales y los secuestros de entre 20.000 y 30.000 personas -entre las que se hallan casi 600 españoles y descendientes de españoles-, el saqueo de bienes y la sustracción y consecuente desaparición de varios cientos recién nacidos, que según algunos estudios ascienden a más de 500". (EFE)
