Gobiernos español y argentino habían alcanzado un preacuerdo el lunes.
Fuentes cercanas a la negociación apuntan a un pago de 5.000 millones de dólares.
El consejo de Repsol dio el visto bueno al acuerdo por la nacionalización de YPF.
El consejo de administración de Repsol acordó apoyar el principio de acuerdo sobre la compensación que recibirá la empresa por la nacionalización de la argentina YPF e iniciar la negociación los detalles del mismo, confirmaron a EFE fuentes de la petrolera española.
Para desarrollar esta negociación con las "exigencias que plantea la complejidad propia de un asunto tan relevante" y responder a los "términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia", el consejo de administración de Repsol acordó contratar a un banco de inversión "de prestigio internacional" para "apoyar" al equipo.
Además, en la reunión de hoy, el consejo de administración -en el que están presentes los principales accionistas de Repsol- manifestó su "pleno apoyo" a la estrategia de la empresa y a la gestión de su equipo de dirección, con la excepción de Pemex.
La petrolera mexicana, el tercer accionista con un 9,49 por ciento del capital de Repsol, votó en contra tras lanzar duras críticas la pasada semana al equipo de dirección (en especial las elevadas retribuciones de sus directivos) y la estrategia.
Los gobiernos español y argentino alcanzaron el lunes un preacuerdo de compensación por la nacionalización del 51 por ciento de las acciones de YPF, todas de Repsol, en abril de 2012, ratificado este lunes el consejo de administración de la petrolera española.
El principio de acuerdo fue negociado en una reunión en Buenos Aires en la que participaron el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el nuevo ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, así como altos directivos del principal accionista de Repsol, la institución financiera española Caixabank, y también de Pemex.
De este primer preacuerdo apenas han trascendido detalles oficiales, pero fuentes cercanas a la negociación apuntan a un pago de 5.000 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros) en deuda argentina y la retirada de los numerosos litigios judiciales.
