El presidente de Argentina, Javier Milei, busca obtener amplias facultades para gobernar mediante un proyecto de ley remitido este miércoles al Parlamento y que, de aprobarse, le permitirá tomar decisiones sin necesidad de aval legislativo bajo el paraguas de una declaración de "emergencia pública" que podría extenderse hasta el final de su mandato.
El denominado proyecto de ley de "bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei, quien asumió la Presidencia el pasado 10 de diciembre.
La iniciativa implica la delegación de funciones legislativas al Ejecutivo en virtud de la declaración de "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social".
La Constitución Nacional de Argentina, reformada por última vez en 1994, prohíbe en su artículo 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, "salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".
El derrotero de este proyecto de ley en el Parlamento es incierto: la formación de ultraderecha de Milei, La Libertad Avanza, tiene una mínima representación legislativa, pero tiene como aliada a buena parte del frente de centroderecha Juntos por el Cambio, con fuerte peso en ambas cámaras del Congreso.
El Ejecutivo alega que promueve esta ley "con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853", "en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos".
En total, el Gobierno propone una ley que reformará, eliminará o añadirá 664 artículos legales.
Reforma del sistema electoral
Milei pretende sustituir el actual sistema de elección de diputados, que se reparten proporcionalmente mediante el sistema D'Hont, por un sistema de circunscripciones o distritos uninominales como el que funciona en Estados Unidos o Reino Unido.
Además, el proyecto contempla la eliminación de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y la implementación de la boleta electoral única.
Reformas del Código Penal
El proyecto también propone una reforma del Código Penal para elevar las penas a quienes "sin crear una situación de peligro común impidieren estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas", que podrán ser sancionados con entre uno y tres años y medio de cárcel.
Quienes convoquen a más de tres personas y organicen una "reunión o manifestación" de este tipo podrán ser condenados a entre tres y seis años de prisión.
También se impondrán sanciones más severas a quienes agredan físicamente a los agentes.
Privatización de empresas públicas
Según el proyecto de ley, el Gobierno podrá privatizar hasta 41 empresas estatales con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica.
Entre las empresas públicas sujetas a esta privatización que figuran en un anexo al proyecto están: Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la petrolera YPF, los ferrocarriles, la agencia de noticias Télam, la Casa de la Moneda o Nucleoeléctrica Argentina.
Ratificación del último DNU económico
El proyecto también blindará el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la práctica desregulación de la economía argentina, firmada el miércoles por Milei.
El decreto 70/2023 entrará en vigor este viernes y ya se enfrenta a varias denuncias en los tribunales y no tiene garantizado el apoyo de los legisladores de las cámaras.
Subida de las retenciones al campo
El texto del proyecto también establece que los productos agrícolas que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15 por ciento, lo que se traduce en una subida de las retenciones aplicadas a la actividad agropecuaria.
Cambios en la legítima defensa
En materia de seguridad, el proyecto amplía los supuestos en los que se podrá aplicar la figura de la legítima defensa.
El proyecto defenderá que "el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".
Suspensión de la ley de movilidad jubilatoria
De salir adelante, la nueva norma también incluirá la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2020 y permitirá al Ejecutivo establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones "teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustenabilidad económica".
Cambios en el sistema educativo
En lo relativo a la educación, el proyecto plantea la creación de un examen final para los alumnos que hayan concluido la educación secundaria.
Por su parte, las universidades públicas podrán cobrar a los estudiantes extranjeros no residentes que deseen estudiar en el país trasandino.
Desregulación de más sectores
Si el DNU de la semana pasada inició la desregulación de la economía argentina, con el nuevo y masivo proyecto de ley, el Gobierno de Milei pretende desregular otros mercados como el energético o el azucarero.
Operaciones militares extranjeras
El nuevo proyecto también autorizaría el ingreso de fuerzas militares extranjeras en Argentina.
El Ejecutivo podría "autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado".
