Se especula que hasta 17 brigadieres pasarán a retiro junto con el removido Carlos Rohde, quien fue reemplazado por Eduardo Schiaffino luego del caso de tráfico de cocaína a Madrid.
El Gobierno argentino nombró este viernes a un nuevo jefe de la Fuerza Aérea y las remociones en la cúpula de la institución castrense pueden continuar en medio de un escándalo por tráfico de drogas a España.
Además, se espera con expectación el resultado del interrogatorio judicial de este viernes a dos de los tres sospechosos que fueron detenidos por el contrabando de 60 kilos de cocaína a Madrid descubierto en septiembre pasado.
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, designó al brigadier Eduardo Schiaffino como jefe de la Fuerza Aérea en sustitución de Carlos Rohde, quien el jueves 17 de febrero fue relevado de ese puesto por no haber informado oportunamente al Ejecutivo sobre el caso.
La decisión fue tomada después de una reunión que Kirchner mantuvo con el ministro de Defensa, José Pampuro, informaron fuentes oficiales, que dijeron que todavía no se ha tomado ninguna resolución sobre el resto de los mandos aeronáuticos.
Portavoces gubernamentales citados por diferentes medios locales advirtieron que, además del brigadier Rohde, por este escándalo pueden pasar a retiro obligatorio otros miembros de la cúpula de la Fuerza Aérea. Se especula que pueden ser hasta 17 los brigadieres afectados.
Antes de ser designado al frente de la institución, Schiaffino, de 53 años, era jefe de la Región Aérea Sur y fue condecorado por su actuación en la guerra que Argentina libró con Reino Unido en 1982 por la soberanía sobre las Islas Malvinas del Atlántico Sur.
El Gobierno también ha dispuesto la intervención de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), una institución dependiente de la Fuerza Aérea que se encarga de la seguridad y los controles en los aeropuertos del país.
Los cambios son una consecuencia directa del caso que comenzó en septiembre pasado, cuando fueron halladas en el aeropuerto de Madrid cuatro maletas con 60 kilos de cocaína que fueron transportadas desde Argentina en un vuelo de la línea aérea local Southern Winds.
Por este escándalo hay tres empleados de la aerolínea detenidos, dos de los que fueron trasladados este viernes a los tribunales de Buenos Aires para prestar declaración indagatoria ante el juez Carlos Liporace, a cargo de la investigación.
La oposición al Gobierno del presidente Kirchner impulsa en el Parlamento varios solicitudes de interpelación de ministros y funcionarios de organismos de control por considerar que el Ejecutivo debe dar explicaciones sobre las maniobras ilícitas.
La Unión Cívica Radical (UCR), que es la segunda fuerza parlamentaria del país, solicitó "un detalle de la intervención y medidas adoptadas por organismos nacionales sobre este preocupante tema, que pone al descubierto una gigantesca falla en la seguridad".
Por su parte, la líder de la fuerza opositora Afirmación por una República Igualitaria, Elisa Carrió, denunció que el aeropuerto de Ezeiza, el mayor del país y del que salió el cargamento de droga, "es una zona liberada que garantiza la Policía Aeronáutica".
Mientras, en los tribunales de Buenos Aires el gerente comercial de Southern Winds, Fernando Arriete, que ha sido procesado por el contrabando, amplió su declaración indagatoria ante el juez Liporaci, aunque aún no se conoce el contenido del testimonio.
Luego se inició el interrogatorio a Walter Beltrame, quien el jueves se entregó a la Justicia después de pasar casi dos meses prófugo y era el encargado de atender a los clientes frecuentes de la aerolínea hasta que fue despedido como consecuencia de este escándalo.
El detenido es hijo del comodoro Alberto Beltrame, que a causa del caso de narcotráfico la semana pasada fue separado preventivamente del cargo de jefe del aeropuerto de Ezeiza, situado a las afueras de la capital argentina.
También está detenido por esta investigación Carlos Baudino, el jefe de base de Southern Winds en la misma estación aérea.
El equipaje con la cocaína, que llevaba la inscripción "Embajada Argentina en España", había sido despachado por la línea aérea desde Buenos Aires y no fue reclamado por ningún pasajero en el aeropuerto madrileño de Barajas, donde fue descubierto por un guardia civil español.
La empresa señaló que denunció el caso a la Justicia al detectar, en una investigación interna, que se había violado una norma dentro de la empresa y acusó a la Fuerza Aérea de borrar videos con pruebas sobre el contrabando. (EFE)
