El juicio comenzará el 14 de agosto y podría extenderse por al menos cinco meses.
Entre los llamados a testificar se encuentra la propia presidenta argentina, Cristina Fernández.
Un tribunal argentino fijó para el 14 de agosto el inicio del juicio oral contra el ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001), por su presunta responsabilidad en el pago de sobornos para que el Senado aprobara en el 2000 una polémica reforma laboral.
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| El ex mandatario argentino renunció en 2001 en medio de un estallido social. |
La fecha fue fijada por el Tribunal Oral Federal 3 de Buenos Aires, juicio al que también serán sometidos otros siete acusados, incluidos antiguos funcionarios y legisladores, todos procesados por cohecho.
De la Rúa, que renunció a su cargo en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una severa crisis económica, afrontará en el banquillo el juicio que se extenderá al menos cinco meses y para el que serán convocados unos 340 testigos.
Entre quienes serán llamados a declarar, está el ex vicepresidente de Argentina y presidente del Senado, Carlos Álvarez, quien también renunció en octubre de 2000 a raíz de las denuncias de sobornos, pavimentando el camino para la posterior crisis trasandina.
Según informó la agencia oficial Télam, también deberá declarar como testigo la actual presidenta argentina, Cristina Fernández, quien al momento de los hechos que serán juzgados ocupaba una banca en el Senado.
En noviembre de 2007, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, confirmó en un careo judicial con De la Rúa que éste le dio el visto bueno al pago de sobornos por 4,3 millones de dólares a senadores para que se aprobara la ley, la cual era rechazada por los sindicatos.
Pontaquarto, quien confesó haber llevado en un maletín el dinero de los sobornos, también será juzgado, y lo hará junto al ex director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Fernando de Santibáñez, el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y los ex senadores del Partido Justicialista Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.
Fue la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires quien consideró en 2009 que el pago de sobornos para aprobar una reforma laboral, "fue un acto del Gobierno liderado por Fernando de la Rúa como presidente".
