Gloria Macapagal Arroyo levantó cargos contra la familia acusada.
En noviembre un grupo de pistoleros secuestró, ejecutó y enterró a 57 civiles.
Las familias de las víctimas de la masacre de 57 personas en el sur de Filipinas acusaron a la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, de estar protegiendo al clan sospechoso de la tragedia tras retirarse los cargos contra dos implicados.
"Hemos regresado a un estado de depresión e ira por lo sucedido", declaró a la televisión local Myrna Reblando, viuda de una de las víctimas y portavoz habitual del colectivo.
Reblando señaló que Arroyo dio su visto bueno a que el ministro de Justicia filipino, Alberto Agra, levantara los cargos contra Andal Ampatuan, padre del sospechoso y ex gobernador de la provincia de Maguindanao, y Zaldy Ampatuan, su hermano y ex jefe de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán.
El pasado mes de noviembre, un centenar de pistoleros capitaneados por el sospechoso secuestró, ejecutó y enterró en fosas comunes a 57 civiles, entre los que había 30 periodistas.
Los rehenes formaban parte de la comitiva que acudía a presentar la candidatura a gobernador de la provincia de Maguindanao en las elecciones del 10 de mayo de Ismail Mangudadatu, que iba a disputar el puesto a Andal Ampatuan.
Sin embargo, el patriarca del clan no ha sido implicado directamente por ningún testigo y Zaldy tiene un ticket de avión que demuestra que el día de los hechos se encontraba en Manila, según Agra.
"Algo así no podría haberse hecho sin que ella (Macapagal) lo autorizara", indicó la mujer al salir del juzgado después de que 15 policías se declararan inocentes por la matanza.
La dinastía Ampatuan ha gobernado durante décadas Maguindanao gracias en parte al apoyo del partido de la presidenta, que se vio salpicada por el escándalo.
Harry Roque, uno de los abogados de las víctimas, pidió esta mañana al tribunal que aplace el juicio hasta el próximo julio, cuando haya sido investido el nuevo Gobierno filipino que saldrá de las elecciones del próximo 10 de mayo.
