La defensa de los nueve bolivianos -dos militares y siete funcionarios aduaneros- detenidos hace dos semanas en la frontera norte de Chile decidió no apelar a la prisión preventiva que decretó el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.
Según informó esta mañana el diario paceño El Deber, los abogados decidieron "dar un giro en la estrategia jurídica y tiene el aval de Evo Morales" para ello.
"La defensa tenía hasta la medianoche (...) para presentar la apelación. No lo hizo y luego de una ardua reunión con el equipo boliviano que se instaló en Iquique decidió explorar otras vías jurídicas para no agotar recursos", señala la publicación.
Claudio Vila, uno de los abogados chilenos que lleva el caso, explicó a El Deber que "la apelación apunta única y exclusivamente a la detención preventiva", lo cual no permite poner sobre la mesa "los objetivos de fondo" que tiene la defensa, en torno a denunciar un encarcelamiento "ilegal, arbitrario y abusivo", que violaría los derechos humanos de los imputados.
"Llegamos a la conclusión, como defensa y como Estado Plurinacional de Bolivia, que es importante establecer ciertos hechos de relevancia en el proceso judicial. Consideramos que la alternativa de utilizar el recurso de apelación en contra la medida de detención no nos daba ese espacio para poder desplegar esta defensa en un sentido más amplio", puntualizó Vila, quien es militante comunista y fue gobernador de la Provincia del Tamarugal entre 2014 y 2016.
"Fuertes y dignos"
El Deber también recoge declaraciones de la viceministra boliviana de Gestión Consular, Carmen Almendras, que volvió ayer a La Paz tras haber visitado a los detenidos en la Cárcel de Alto Hospicio.
"Ellos están anímicamente fuertes, sólidos, nos enviaron mensajes de dignidad al pueblo boliviano. Ellos están bien asistidos para que salgan pronto en libertad", aseguró la funcionaria gubernamental.
