Aunque un primer análisis no dio razones suficientes para promover la salida del presidente brasileño, el gremio que impulsó la renuncia de Collor de Mello dijo que "todavía falta mucho por investigar".
La Orden de Abogados de Brasil consideró que aún no existen fundamentos suficientes para promover un proceso de destitución contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo gobierno y partido afrontan graves acusaciones de corrupción.
La entidad, que en 1992 impulsó el juicio que acabó con la renuncia del presidente Fernando Collor de Mello, estudió el caso de Lula a petición de uno de sus afiliados y determinó que no existen todavía suficientes pruebas contra el mandatario.
El presidente del colegio, Roberto Busato, explicó que "no hay una posición concreta en la Orden respecto a las denuncias contra el presidente, pero sí hay consenso en que todavía falta mucho por investigar".
Aunque no hay acusaciones directas contra Lula, algunos de sus ministros han sido salpicados por denuncias de corrupción, mientras que el Partido de los Trabajadores (PT), que lo llevó al poder, está en el centro de graves escándalos que van desde sobornos en el Parlamento hasta financiación ilegal de campañas y lavado de dinero.
Según Busato, "la situación es muy diferente a la de Collor de Mello, pues Lula tiene una biografía limpia y cuenta con un respaldo importante de buena parte de la población".
De acuerdo a la legislación brasileña, para iniciar un proceso de destitución contra el presidente de la República es necesario que, además de pruebas, haya lo que se define como "clamor popular" en su contra.
Sin embargo, pese al apoyo que aún conserva Lula, Busato matizó que, en medio de la crisis y las acusaciones que pesan contra su partido y su Gobierno, el jefe de Estado "ha mantenido una posición cuidadosa y muchas personas acaban confundiendo eso con inocencia".
Aunque no aceptó promover el proceso de destitución contra Lula, la Orden de Abogados sí decidió crear una comisión especial que se dedicará a investigar las denuncias que pesan contra el PT y el Gobierno.
Esa comisión deberá presentar un informe dentro de un mes, y, de acuerdo a sus conclusiones, la orden volverá a discutir si cabe la posibilidad de solicitar un juicio político contra Lula. (EFE)
