De los tres ex diputados, dos son oficialistas, mientras que el tercero pertenece al partido opositor.
El fiscal a cargo aseguró que a pesar de llevar un año de investigación, esta recién comienza.
Los acusados por el caso de corrupción ya han devuelto más de 300 millones de dólares.
La Policía Federal de Brasil arrestó a tres ex diputados y otras cuatro personas en una nueva fase de la operación que investiga el gran caso de corrupción que tiene en su eje a la petrolera estatal Petrobras, que ha salpicado a otros órganos públicos, informaron fuentes oficiales.
Fueron arrestados André Vargas, que era correligionario de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en el Partido de los Trabajadores (PT) y renunció a su militancia después de que se ventilaron sospechas; Pedro Correa, del oficialista Partido Progresista (PP) y Luiz Argolo, del opositor Solidaridad (SD).
Correa es uno de los condenados por el llamado "juicio del siglo", referente a otro sonado caso de corrupción, el "Mensalao", destapado en 2005 y que puso contra las cuerdas al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, y quien cumplía su pena en régimen semiabierto.
La Policía arrestó también a otras cuatro personas: la secretaria de Argolo, Elisa Santos; el hermano de Vargas, León Vargas, y otros dos identificados como Iván Mernon da Silva Torres y Ricardo Hoffmann, dueño de una agencia de publicidad implicado en el caso.
Además, la Policía pretendía efectuar hoy nueve órdenes de detención temporal y otras 16 de búsqueda y aprehensión de pruebas en Brasilia y en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo (sureste); Bahía, Ceará y Pernambuco (noreste); y Paraná (sur).
Los arrestados son investigados por delitos como asociación ilícita, corrupción, fraude en licitaciones, lavado de dinero, tráfico de influencias y uso de documentos falsos.
La investigación no se restringe a irregularidades en Petrobras y se extiende al Ministerio de Salud y a Caixa Econômica Federal, el segundo mayor banco público del país.
La Policía detectó que entre 2010 y 2014 se firmaron contratos de publicidad del Ministerio de Salud y de Caixa con la agencia dirigida por Hoffmann, que desviaba el 10 por ciento del valor para pagar comisiones a los ex diputados.
El comisario Igor Romário de Paula afirmó en una rueda de prensa en Curitiba (Paraná) que estos desvíos, aunque no están relacionados directamente con el caso de Petrobras, replicaban el "modelo de negocio" de desvíos de dinero que supuestamente se seguía en la petrolera.
"Es el mayor caso de corrupción en Brasil. Parece que es un modelo de negocio repetido en Brasil para la contratación en el servicio público", dijo el comisario.
Vargas es además investigado por negocios supuestamente irregulares con el cambista Alberto Youssef, que está arrestado desde el año pasado y ha confesado ser intermediario en el pago de sobornos de las socias de Petrobras a decenas de políticos.
La investigación "está en su comienzo"
Estas detenciones suman un nuevo capítulo al gigantesco escándalo de corrupción destapado hace un año que tiene en su centro a la petrolera estatal, pero que según las investigaciones se puede extender a numerosas obras públicas.
Según los investigadores, Petrobras firmaba contratos fraudulentos con un grupo de constructoras y otros proveedores, que elevaban los precios artificialmente en parte para enriquecerse y en parte para pagar sobornos a altos ejecutivos de la petrolera y a decenas de políticos que facilitaban los negocios ilegales.
Las corruptelas se prolongaron durante más de diez años, pero incluso pudieron iniciarse en la década de 1990 y desviaron una cantidad no precisada de miles de millones de dólares.
Algunos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de pena y denunciaron a unos 50 políticos que habrían permitido las ilegalidades, entre ellos los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
Otro de los acusados es el tesorero del PT, Joao Vaccari, que está imputado por corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero, aunque él niega vehementemente el cobro de comisiones para él o para el partido de Rousseff.
El fiscal Carlos Fernandes Santos Lima, responsable del caso, afirmó que la investigación "está en su comienzo", aunque se ha desarrollado por más de un año.
Según Lima, los sospechosos arrestados a lo largo de este año ya han devuelto a las arcas públicas cerca de 1.000 millones de reales (unos 323 millones de dólares), lo que consideró "poco" en relación a la suma robada.
