Con la creación de una comisión investigadora, "la dignidad ha derrotado a la corrupción", declaró el parlamentario Raul Jungmann, del Partido Popular Socialista.
El Congreso brasileño decidió crear una comisión especial para investigar denuncias de corrupción en la compra de ambulancias para el Estado, en las que pueden estar involucrados hasta 170 parlamentarios de todos los partidos.
El acuerdo para investigar este nuevo escándalo fue alcanzado por los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara Baja, Aldo Rebelo, quienes contaron con el respaldo de todas las formaciones políticas, menos el derechista Partido Progresista (PP).
Sin embargo, la instalación definitiva de la comisión dependerá de una decisión que será tomada la semana próxima en una sesión conjunta de ambas cámaras, explicaron fuentes parlamentarias, para quienes "la creación (de la comisión) es un hecho".
Según el diputado Raul Jungmann, del Partido Popular Socialista, "la dignidad ha derrotado a la corrupción".
Hace menos de un mes, un intento por crear la comisión naufragó ante el rechazo de la mayoría de los partidos, que ahora cambiaron de posición, en parte forzados por una fuerte corriente de opinión nacida en la prensa, que criticó con rigor la indiferencia ante las denuncias.
Una vez instalada, la comisión tendrá un mes de plazo para sus investigaciones, que eventualmente podrá ampliarse a seis meses.
Por el caso ya han sido detenidas 44 personas, entre las que están los ex diputados Carlos Rodrigues, quien renunció a su escaño el año pasado en medio de denuncias de sobornos parlamentarios, y Ronivon Santiago, destituido por una presunta compra de votos en las elecciones de 2002.
Según la policía, se trata de fraudes por unos 55 millones de dólares con la compra de 1.000 ambulancias.
La red de corrupción estaba vinculada a pequeñas alcaldías, que obtenían créditos para la compra de las ambulancias por medio del Congreso, donde se aprobaban los desembolsos.
El dinero era manejado luego por una empresa que adquiría las ambulancias, pero con sobreprecios que llegaban a superar en 110 por ciento el valor real.
La policía presentó inicialmente una lista de 62 diputados citados por los miembros de la red de corrupción en conversaciones telefónicas, pero sólo 16, cuyos nombres no han sido revelados, han sido acusados de recibir sobornos para aprobar los créditos.
La primera lista fue ampliada luego a 170 parlamentarios, que suponen un tercio de los 513 miembros de la Cámara Baja.
La ampliación siguió a denuncias formuladas por una funcionaria del Ministerio de Salud que integraba la red y aceptó colaborar a cambio de una posible reducción de su condena.
El nuevo escándalo sigue a los que el año pasado sacudieron al Congreso debido a presuntos sobornos pagados por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) para lograr la mayoría que el Gobierno de Lula da Silva no tenía en el Parlamento. (EFE)
