Dos ex miembros del gabinete del presidente brasileño y otras 38 personas, entre ellos legisladores de su partido, figuran como integrantes de la red encargada de reunir fondos y sobornar a la oposición.
El procurador general de Brasil, Antonio Fernando de Souza, presentó este martes ante el Supremo Tribunal una demanda formal por corrupción contra dos ex ministros del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras 38 personas.
Además de los ex ministros José Dirceu y Luis Gushiken, en la extensa lista figuran los ex directivos del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino, Silvio Pereira y Delubio Soares, así como 13 de los diputados acusados de integrar una red de corruptelas tejida por esa formación en el Parlamento.
El procurador explicó que actuó en atención al pedido de una comisión parlamentaria creada para investigar asuntos de corrupción en torno al gobierno de Lula y el PT, que la semana pasada decidió solicitar el enjuiciamiento de unas 130 personas.
En la lista presentada este martes por la Procuraduría al Supremo están también los publicistas Eduardo "Duda" Mendonca, quien dirigió la campaña que llevó al poder a Lula en el 2002, y Marcos Valerio Fernandes, acusado de haber sido el responsable de la articulación financiera de la red de corruptelas.
Según Fernando de Souza, se trata de la primera acción de la Procuraduría en función del informe de la comisión parlamentaria.
Explicó que los casos restantes están siendo analizados y serán presentados a la justicia en las próximas semanas.
El mecanismo
De acuerdo con el documento entregado al Supremo por la Procuraduría, el esquema de corrupción, por el que se calcula que circularon cerca de 900 millones de dólares (463.950 millones de pesos), estaba constituido por "tres núcleos".
El primero, político, constituido por José Dirceu, José Genoino, Delubio Soares y Silvio Pereira, que tenía como objetivos sobornar a parlamentarios de otros partidos para que votasen en favor de los proyectos presentados por el gobierno de Lula y obtener recursos para financiar campañas electorales.
El segundo núcleo era dirigido por el publicista Fernandes, quien se ocupaba de mediar ante bancos para obtener créditos en dudosas condiciones y conseguir respaldo en empresas públicas y privadas a través de fraudulentos contratos publicitarios.
El tercero de esos núcleos, considerado financiero, tenía entre sus miembros a los directores del Banco Rural, institución privada que otorgó la mayoría de los créditos obtenidos por Fernandes en favor del PT. (EFE)
